El nuevo sistema de elección de los magistrados de la Corte Suprema constituye una oportunidad para acabar con la corrupción en la Justicia y con el narcotráfico en Honduras, con una nueva reestructuración del ordenamiento jurídico que apoye esa lucha, según dijo este viernes en Madrid el presidente del Congreso Nacional del país centroamericano, Luis Redondo.

La lucha contra esos dos males endémicos en Honduras desde el Congreso Nacional fue uno de los principales temas que Redondo abordó hoy en la celebración en la Casa de América, con motivo de su presencia en la capital española acompañando a la presidenta hondureña, Xiomara Castro, en el viaje oficial que realiza a España.

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La elección el pasado 17 de febrero de los 15 magistrados que componen la Corte Suprema de Honduras mediante un consenso de varias fuerzas políticas ha supuesto una ruptura con el tradicional sistema bipartidista y, según el presidente del Parlamento hondureño, sienta además un «importante precedente» al contar los jueces con el voto de varias fuerzas políticas, que han tenido que negociar para llegar a un consenso.

Esto evita, a juicio de Redondo, situaciones «penosas» que el país ha vivido en el pasado, con «acuerdos» que han llegado a los tribunales de Justicia de Estados Unidos en casos vinculados con financiaciones del narcotráfico para poder influir en las decisiones tanto de Congreso Nacional como en los tribunales hondureños.

«Y en este caso también hay antecedentes inclusive de compra de votos para los diputados que pudieran tomar una decisión en temas de Estado. Eso no ha pasado ahora», remarcó Redondo.

Ahora -explicó- «no hay dinero de por medio. Aquí no hay ningún financiamiento de ninguna estructura criminal, ni política, ni económica, sino la capacidad de llegar a consensos cuando logramos a 117 votos (de los 128 que integran el poder Legislativo), algo que no había pasado para poder elegir a una Corte suprema de Justicia».

OCHO MAGISTRADAS DE QUINCE

Redondo también resaltó el hecho de que, por primera vez en 200 años, la Corte Suprema hondureña tiene a 8 mujeres entre sus 15 integrantes, «lo que dice mucho de la voluntad política de un país que tiene también a la primera mujer presidenta de su historia».

El nuevo sistema de elección de los magistrados supone también, según el político hondureño, la oportunidad de llevar a cabo una nueva reestructuración del ordenamiento jurídico del país, en asuntos como el de la recepción y lavado de activos, corrupción, impunidad, en la administración de Justicia, y en los circuitos de anticorrupción que hay de jueces, entre otras cosas.

«Así que son muy buenas oportunidades, que demás llegar a consensos internos, van a requerir del acompañamiento complementario nuestro a través de la formulación de nuevas leyes», puntualizó.

Entre las acciones tomadas por el Congreso Nacional de Honduras desde la llegada a la presidencia del país de Castro, Redondo recordó la derogación de la conocida como Ley de Secretos «en la que se ampararon varios funcionarios antes para esconder documentación de actos de corrupción».

También situó como otro precedente en Honduras la agenda conocida como «Acuerdo Bicentenario», creada por Castro antes de su llegada al poder, en la que se recopilar los decretos que en los últimos diez años eran necesarios derogar o reformar, como por ejemplo el llamado Código Penal de la Impunidad.

DEVOLVER EL VALOR A LA CONSTITUCIÓN

Redondo defendió además la revisión y los cambios en algunos aspectos de la Constitución «para devolverle su valor» siguiendo el dictado de los ciudadanos que les votaron: «nuestra única presión es la del pueblo» señaló refiriéndose a supuestas presiones recibidas con el de fin de limitar la capacidad de acción del Parlamento.

Hay quien nos dice que vamos muy rápido en nuestras reformas, pero nosotros consideramos que vamos lentos porque son doce años de estar viendo injusticias, abusos y creemos que tres años van a ser insuficientes para devolverle el valor que desde el Congreso se hace a las leyes», remarcó.

Como ejemplo del pasado político de Honduras marcado por la corrupción y el narcotráfico, Redondo recordó la situación del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y su hermano Tony Hernández, procesados en Estados Unidos por narcotráfico.

«Se va a escuchar en un juicio este año que hubo un financiamiento por más de un millón de dólares para elegir incluso la directiva del Congreso Nacional. No podemos obviar que la institucionalidad del país se utilizó para llevar toneladas de cocaína a otras latitudes», señaló.

Y -añadió- «no podemos obviar que esa institucionalidad tiene todavía cierta ubicación que nosotros en este momento de manera muy sutil estamos desarticulando y vamos a desarticular totalmente». (swissinfo.ch)