La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) emitió una alerta oficial ante el preocupante incremento de los casos de autosecuestro en Honduras.

Esta modalidad delictiva consiste en la simulación de la privación de la libertad por parte de la propia víctima, quien busca extorsionar y obtener dinero de sus familiares bajo engaño. En lo que va del año 2026, los equipos especializados de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) ya han atendido casi una docena de denuncias de esta naturaleza en todo el territorio nacional.

Las investigaciones policiales revelan que la principal motivación detrás de estos perfiles criminales es económica, orientada a conseguir dinero fácil para saldar deudas urgentes o enfrentar problemas financieros personales. El perfil general de los involucrados se concentra en un rango de edad de entre los 20 y los 40 años.

No obstante, las autoridades manifestaron su preocupación al documentar que esta práctica se ha extendido a otros grupos vulnerables, registrándose dos casos que involucran a menores de edad y otros dos protagonizados por mujeres.

Yoselin Mairena, portavoz de la DPI, explicó el grave impacto social y operativo que provocan estas conductas falsas. Además del severo sufrimiento emocional y la angustia que se infringe a los núcleos familiares, la funcionaria detalló que estas acciones obligan a una movilización innecesaria de recursos logísticos, humanos y operativos de la UNAS.

Herramientas tecnológicas

Este desvío de personal de alta especialización debilita la capacidad de respuesta inmediata y desgasta al Estado frente a la atención de crisis por secuestros reales.

Entre los expedientes resueltos este año, las autoridades destacaron el caso de un ingeniero profesional que fingió su propio rapto.

El implicado exigía a su esposa el pago de 40 mil lempiras como condición para su supuesta liberación, pero el despliegue técnico y la posterior investigación criminal de la UNAS lograron comprobar que el delito fue planificado y ejecutado por el mismo sospechoso.

La DPI advirtió que el autosecuestro no es una salida económica viable, sino un delito tipificado que conlleva severas sanciones penales dentro de la legislación hondureña.

Los responsables no solo enfrentarán condenas de prisión, sino también responsabilidades legales derivadas del costo operativo de los protocolos de búsqueda activados.

La institución enfatizó que posee las herramientas tecnológicas necesarias para detectar estos fraudes y exhortó a la población a evitar estas prácticas que saturan los servicios de seguridad pública.