Pese a la ola de protestas, el Senado francés, donde la derecha cuenta con mayoría, aprobó este 16 de marzo el texto definitivo de la reforma pensional, que busca aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años, entre otros cambios.

Sin embargo, la adopción de la medida depende ahora de la Asamblea Nacional, donde el oficialismo enfrenta dificultades para reunir los votos necesarios. La incertidumbre continúa mientras miles dan el último grito en las calles en rechazo a la impopular enmienda.

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Momento decisivo en Francia. El Senado aprobó este jueves 16 de marzo el texto definitivo de la reforma de las pensiones y la decisión final quedó ahora en manos de la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento.

Con 193 votos a favor y 112 en contra, la controvertida medida, que busca aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años, pasó la primera gran instancia legislativa.

Dos senadores más de los que se esperaban se pronunciaron en rechazo a la norma. Sin embargo, el Gobierno del presidente Emmanuel Macron cuenta en la Cámara Alta con una mayoría que le dio el espaldarazo a su proyecto bandera, con el que promete fortalecer la segunda economía de la Unión Europea.

Pero la prueba de fuego será en la Cámara Baja. El texto de compromiso, decidido el miércoles 15 de marzo en una comisión conjunta, será sometido a votación en las próximas horas en ese cuerpo legislativo donde el oficialismo no tiene garantías de que sea aprobado.

«Estamos decididos a construir esa mayoría. Este es el objetivo y el compromiso para las próximas horas», aseguró el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, tras la votación en el Senado.

El optimismo de Dussopt contrasta con la posición de muchos de los diputados en la Asamblea Nacional.

Al interior del LR hay divisiones a favor y en contra de la medida y los legisladores de izquierdas y de extrema derecha se oponen firmemente a la iniciativa de ley con la que el Gobierno espera retrasar de forma progresiva la edad para optar a una pensión hasta 2030, cuando finalmente entraría en vigor el límite de 64 años para la jubilación.

La modificación también busca adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años para obtener una pensión y no 42 años como ocurre hasta ahora.

Asimismo, el texto eliminaría los privilegios de jubilación que disfrutan algunos empleados del sector público, como los trabajadores del Metro de París.

¿El eventual rechazo de la reforma llevaría a la disolución de la Cámara Baja?

Es un posible escenario en caso de que el Gobierno no logre los votos necesarios para aprobar la medida en la Asamblea Nacional.

Más allá de la reforma de las pensiones, el presidente Macron, reelegido el año pasado, se juega la posibilidad de aplicar parte esencial de su programa de Gobierno con el que prometió reactivar la economía del país durante su segundo mandato.

El jefe de Estado amenazó incluso con disolver la Cámara Baja en caso de no lograr la aprobación de la medida.

Para ello, el Ejecutivo activaría el artículo 49.3 de la Constitución, un polémico recurso con el que podría avalar la norma por encima de las votaciones en el Legislativo.

Pero la movida es arriesgada. Los parlamentarios podrían frenar ese procedimiento si aprueban una moción de censura contra la Administración, que, dada la composición actual del Parlamento francés, el Gobierno podría perder.

En una reunión que el mandatario sostuvo con la primera ministra, Élisabeth Borne, y varios ministros, en la víspera de la trascendental votación, Macron señaló que cerraría la Cámara Baja y convocaría a nuevas elecciones legislativas.

De lograr un resultado positivo, el mandatario obtendría una mayoría parlamentaría y formaría un nuevo Gobierno, que le ampliaría la gama de apoyos para sacar a flote sus proyectos.

No obstante, un voto negativo representaría el mayor fracaso de Macron desde que llegó a la Presidencia por primera vez en 2017 y supondría un mal augurio para el resto de su actual periodo de Administración de cinco años.

Otro posible escenario sería el reconocimiento del revés de la reforma, situación ante la que Borne asumiría la responsabilidad y presentaría su renuncia.

Esa sería una victoria para los opositores políticos de izquierdas y de extrema derecha, así como para los sindicatos y manifestantes que durante meses han protestado para frenar la enmienda.

Pero en caso de su aprobación, Macron daría un contundente paso para cumplir sus promesas de campaña, aunque con el alto costo del inconformismo social.

Dos de cada tres franceses se oponen a ese cambio, según indican varios sondeos. (france24)

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