El Ministerio Público ha presentado un requerimiento fiscal contra nueve integrantes de la pandilla 18, quienes son presuntas responsables del crimen de 46 mujeres que guardaban prisión en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS). Estos lamentables hechos tuvieron lugar el 20 de junio de 2023.

Las acusadas, identificadas como Claudia María Lemus Aceituno, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Cherry Darling Guevara, Heidy Jackeline Palma Rivera, Karen Lorena Ávila Pavón, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva, Arleny Sarai Guerra Portillo y Francis Margarita Chavarría Ávila, se encuentran actualmente en prisión.

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El requerimiento fiscal incluye acusaciones por los siguientes delitos:

Asociación para delinquir
Asesinato
Asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada
Incendio cualificado
Porte ilegal de arma de fuego prohibido
Porte de arma de fuego permitida

Según las diligencias dirigidas por la Sección de Muertes Cometidas por Estructuras Criminales Organizadas de la FEDCV en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el hecho criminal ocurrió alrededor de las 7:45 de la mañana.

Las acusadas, que permanecían en los módulos 6 y 7, utilizaron armas de fuego de diferentes calibres, objetos punzocortantes y contundentes para someter a cuatro policías penitenciarias, despojándolas de las llaves de los módulos y de los tableros con listados de la población penitenciaria.

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A continuación, obligaron a las policías a ponerse boca abajo y las encerraron dentro del módulo 6 para luego ingresar a otros espacios donde se encontraba el resto de la población penitenciaria.

Simultáneamente, otro grupo de las privadas de libertad de la pandilla 18 se dirigieron a los módulos 1 al 4, donde se encontraban mujeres pertenecientes a la mara Salvatrucha (MS-13), golpeando con una almágana los candados de los módulos hasta lograr entrar.

Las acusadas y sus acompañantes deshabilitaron las cámaras de seguridad del recinto penal y, de manera sorpresiva, procedieron a dar muerte a 23 privadas de libertad. Mientras tanto, otras 23 reclusas, al escuchar las detonaciones de armas, intentaron salvar sus vidas cerrando el hogar número 1 del módulo 1 para evitar que sus agresoras ingresaran.

Sin embargo, al ver que no podían entrar, las acusadas rociaron un líquido inflamable y les prendieron fuego. Las víctimas no pudieron salir del sitio, ya que desde afuera las acusadas les disparaban, lo que provocó que perdieran la vida, algunas calcinadas y otras asfixiadas por inhalación de monóxido de carbono.

Para cometer estos ilícitos, las nueve acusadas obtuvieron desde el exterior del centro penal armas de fuego, incluyendo 11 pistolas de distintos calibres (9 milímetros, 380 y 45 milímetros), así como armas de uso prohibido, tales como fusiles y subametralladoras.