Tras la ejecución de la medida neutralizadora del delito en el Parque Nacional La Muralla, la Fiscalía de Juticalpa, Olancho, presenta requerimiento fiscal contra Belfica Isabel Valdez y José Santiago Durón Zelaya, por suponerles responsables de la comisión del delito de portación ilegal de armas de fuego de uso prohibido y contra Juan Nicolás Villafranca Funez, al que se le presume la comisión del delito de usurpación.

Una vez que en el Parque Nacional La Muralla, los efectivos militares; bajo la dirección técnica y jurídica de la Fiscalía de Juticalpa, realizaron un minucioso registro de las viviendas construidas en el lugar denominado Arenales, lograron encontrar un arma AK-47 escondida debajo de unos troncos, así como un rifle de tipo artesanal debajo de la casa de Valdez.

En el marco del Programa Padre Andrés Tamayo (PPAT), la Fiscalía de Juticalpa, en compañía de varias autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), Instituto de Conservación Forestal (ICF) y un equipo técnico ambiental, entre otros, procedieron a la ejecución de medidas neutralizadoras del delito en el Parque Nacional La Muralla, en La Unión, Olancho.

Luego que el 17 de mayo del presente año se realizara una inspección en el sector de la reserva Biológica y tras exponer el caso ante el Juez que conoció la causa, se ordenó ejecutar la medida neutralizadora de rompimiento de cercos, así como de la destrucción de viviendas de madera recién construidas.

Cabe destacar que la acción contó con el apoyo de la 115 Brigada de Juticalpa, así como de personal del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente C-9, en donde alrededor de 200 soldados, un juez de letras y un fiscal encargado de la acción, verificaron la aplicación de la medida en varios puntos de la Reserva Biológica.

De igual forma, y según las coordenadas que los técnicos levantaron en el lugar, se movilizaron en dos puntos, uno de ellos colinda con el sector conocido como “El Caliche”, a 600 metros de la zona núcleo de la reserva, así como un segundo punto, prácticamente en la zona núcleo, lo que representaba un grave peligro a este parque natural de valor incalculable.

Esta acción se desarrolló con el apoyo del personal técnico que fue contratado por medio del Programa Padre Andrés Tamayo (PPAT), con el fin de darle respuesta a la problemática ambiental que se vive en el departamento de Olancho. Fruto de la aplicación de la medida neutralizadora del delito, se procedió a la destrucción de alrededor de 18 kilómetros de cercos perimetrales, contabilizándose aproximadamente cinco hectáreas de cultivos de maíz, frijoles y café.

La Muralla fue declarada como área legalmente protegida en el año de 1987, mediante el decreto 87-87, la categoría oficial del sitio es la de refugio de vida silvestre y está ubicada a 14 kilómetros del municipio de La Unión, en noreste del país, compuesto por bosque nublado con una rica biodiversidad de flora y fauna.