El diputado del partido Libre, Jari Dixon Herrera, llegó al Ministerio Público (MP) para que se inicie una persecución a diputados de la oposición utilizando como pretexto que aprobaron en su momento, el decreto que dio vida a las Zedes.

Dixon Herrera los acusa de traición a la patria, argumentando que la aprobación de las ZEDE implicaba la renuncia del territorio nacional, violando así normas constitucionales intangibles.

Algunos analistas coinciden que se trata de toda una estrategia gubernamental para allanar el camino a Libre de cara a las próximas elecciones y poder continuar en el poder.

«Hoy vengo nuevamente a presentar una denuncia. Tengo esperanza de que con el nuevo Fiscal General, Joel Zelaya, se pueda dar una respuesta positiva al pueblo hondureño», afirmó el diputado. Subrayó que la Constitución es clara: modificar o derogar artículos pétreos es un delito de traición a la patria, con penas de 15 a 20 años de reclusión según el Código Penal.

Dixon también solicitó que se requiera una copia certificada del acta de la sesión del Congreso donde se aprobó el decreto, para asegurar que se investigue a los responsables. Además, responsabilizó a otros sectores del gobierno, indicando que la aprobación de las ZEDE fue una «venta del territorio nacional». Esta acción se produce tras la reciente declaración de inconstitucionalidad de las ZEDE por parte de la Corte Suprema de Justicia[3].