• Daniel Ortega consolidó su poder mediante reformas que eliminaron los límites a la reelección, concentraron el control de las instituciones y culminaron con la creación de la copresidencia junto a Rosario Murillo.
• El Gobierno redujo progresivamente el espacio para la oposición con detenciones, exilios, cierre de medios, universidades y organizaciones, además de leyes que ampliaron el control sobre la ciudadanía.
• El anuncio de que Nicaragua ya no celebrará elecciones marca el paso final de un sistema con alternancia política a un modelo en el que la continuidad del Gobierno deja de depender del voto ciudadano.

Nicaragua pasó en menos de dos décadas de celebrar elecciones periódicas con participación de distintos partidos políticos a un modelo en el que el Gobierno anunció que ya no volverá a convocar comicios. En ese periodo, una serie de reformas constitucionales y legales concentró el poder en el Ejecutivo, debilitó a la oposición y eliminó progresivamente los contrapesos del Estado.

El regreso de Ortega marcó el inicio de los cambios

Cuando Daniel Ortega regresó a la Presidencia en 2007, Nicaragua mantenía un sistema con elecciones periódicas y posibilidad de alternancia en el poder.

Con el paso de los años, ese modelo comenzó a transformarse. Las reformas constitucionales eliminaron los límites a la reelección presidencial y, posteriormente, ampliaron el periodo de Gobierno de cinco a seis años, lo que permitió la permanencia indefinida de Ortega en la Presidencia.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo consolidó su influencia sobre las principales instituciones del Estado. El Poder Judicial, la Asamblea Nacional, el Consejo Supremo Electoral y otros órganos quedaron alineados con el oficialismo, lo que redujo los contrapesos entre poderes.

La reforma constitucional más reciente profundizó ese proceso al crear la figura de la copresidencia, ejercida por Daniel Ortega y Rosario Murillo, y establecer que los demás poderes del Estado quedaran subordinados a ese modelo de Gobierno.

De forma paralela, la oposición perdió espacio. Diversos procesos electorales fueron cuestionados por la exclusión de candidatos, la cancelación de partidos políticos y la detención o inhabilitación de dirigentes opositores, lo que debilitó la competencia democrática.

Ese proceso culminó con el anuncio de Ortega de eliminar las elecciones en Nicaragua y con el impulso de nuevas reformas constitucionales para impedir cualquier reorganización de la oposición política.

La reducción de las libertades

Mientras avanzaban los cambios institucionales, el Gobierno endureció las medidas contra quienes mantenían posiciones críticas.

Miles de opositores, periodistas, activistas, líderes religiosos y defensores de derechos humanos fueron encarcelados, expulsados del país o despojados de su nacionalidad. Otros optaron por el exilio.

Además, el Gobierno cerró más de 5.600 organizaciones no gubernamentales, asociaciones religiosas y cooperativas. También canceló la personalidad jurídica de 29 universidades y ordenó el cierre o la confiscación de 58 medios de comunicación independientes.

En los últimos años también entraron en vigor leyes como la de Regulación de Agentes Extranjeros y la de Ciberdelitos, utilizadas para controlar el financiamiento internacional, sancionar publicaciones en redes sociales y ampliar las facultades del Estado para vigilar a la ciudadanía.

Otras reformas permitieron congelar cuentas bancarias, confiscar bienes e intervenir dispositivos electrónicos durante investigaciones, medidas cuestionadas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

¿Por qué el anuncio marca un antes y un después?

Las elecciones celebradas en los últimos años ya habían sido cuestionadas por la falta de garantías democráticas. Sin embargo, el anuncio de Daniel Ortega representa un cambio aún más profundo.

La decisión elimina la posibilidad de que la ciudadanía elija a sus gobernantes mediante procesos electorales, pone fin a la alternancia política como mecanismo de acceso al poder y deja sin efecto las elecciones previstas para 2027.

Con ello, Nicaragua consolida un modelo en el que la continuidad del Gobierno ya no depende del voto ciudadano.(Tomado de crhoy.com)