El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, afirmó este miércoles que el país continuará celebrando elecciones, aunque bajo un nuevo marco constitucional que, según dijo, impedirá la injerencia extranjera y la participación de personas que el Gobierno considere «traidores a la patria» o «golpistas».

Las declaraciones de Porras se producen un día después de que el Parlamento anunciara un plan de trabajo para reformar la Constitución y otras leyes, luego de que el copresidente Daniel Ortega manifestara el pasado domingo que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones» para que la oposición intente alcanzar el poder.

Porras aseguró que las palabras de Ortega fueron interpretadas fuera de contexto y sostuvo que el mandatario se refería a que el país no permitirá procesos electorales influenciados por intereses extranjeros.

«No van a volver a haber nunca elecciones en manos de los imperialistas para tratar de avasallar y de imponer el poder de los imperialistas sobre el pueblo», expresó el presidente del Parlamento.

El legislador explicó que las reformas constitucionales buscan establecer que no puedan participar en procesos electorales quienes sean considerados golpistas, traidores a la patria o partidos y organizaciones financiados con recursos provenientes del extranjero.

«Lo importante es que dejemos en rango constitucional que en este país no podemos aceptar elecciones donde participen golpistas, traidores a la patria, donde participen partidos y organismos financiados con dinero extranjero», declaró.

Porras también afirmó que las futuras elecciones serán organizadas exclusivamente por los nicaragüenses y rechazó cualquier participación de gobiernos u organismos internacionales en los procesos electorales.

«Aquí no vamos a ser nunca más esclavos de nadie, de ninguna potencia extranjera y nunca más vamos a tener a un yanqui, a un imperialista dirigiendo las elecciones de nuestro país», sostuvo.

Las declaraciones de Ortega sobre las elecciones provocaron reacciones de varios gobiernos de la región. Costa Rica, Panamá —que llamó a consultas a su embajador en Managua— y Guatemala expresaron su rechazo, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a la comunidad internacional a responder ante lo que calificó como un deterioro de los principios democráticos en Nicaragua.

El Gobierno de Ortega y la copresidenta Rosario Murillo ha declarado previamente «traidores a la patria» a cientos de ciudadanos nicaragüenses, incluidos opositores, periodistas, escritores y líderes religiosos, a quienes también les retiró la nacionalidad mediante decisiones oficiales.