El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que persisten patrones de exclusión y discriminación estructural en el departamento de Gracias a Dios.

Estas barreras impiden al pueblo indígena Miskitu ejercer la pesca en condiciones de seguridad y dignidad. Frank Cruz, coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afro-hondureños de la institución, detalló los principales obstáculos que vulneran los derechos de esta comunidad pesquera.

Sin derechos

Cruz denunció que varios beneficiarios de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) carecen de su Documento Nacional de Identificación (DNI).

Esta falta de documentación frena los pagos por daños materiales e inmateriales, y priva a los pobladores de acceso a servicios básicos como salud, educación y empleo. Según el coordinador, esta situación condena al pueblo a una condición de apatridia de facto, arrebatándoles el derecho al nombre y a la identidad.

A estos factores se suma la inexistencia de un sistema registral único por zona que regule la actividad pesquera y garantice el acceso a tierras y territorios marino-costeros.

Asimismo, Cruz señaló la falta de supervisión estatal hacia las empresas industriales pesqueras en puertos y alta mar. Así, enfatizó que dichas corporaciones deben cumplir con las normas laborales y de seguridad ocupacional, implementando mecanismos de prevención y reparación según los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

Navegador Indígena

Por otra parte, Elsser Brown Evans, técnico de la organización Mopawi, expuso la severa crisis humanitaria que golpea a Gracias a Dios debido al abandono institucional, la pesca ilegal y las deficiencias en salud y educación.

Sus declaraciones ocurrieron durante el Diálogo Estratégico para la Promoción de los Derechos Humanos y la Sostenibilidad de la Pesca Industrial y Artesanal de Honduras.

A través de la herramienta digital «Navegador Indígena», se recopiló información técnica y científica en las comunidades de la región.

Los hallazgos reflejan una realidad alarmante: la existencia de entre 3,000 y 4,000 buzos lisiados por la actividad pesquera y la perpetuación de un ciclo de pobreza generacional derivado del incumplimiento de sus derechos humanos fundamentales.

Ausencia estatal

Brown remarcó que la presencia del Estado en La Mosquitia es mínima y cuenta con un presupuesto insuficiente. Como ejemplo, evidenció que la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca) dispone de un único inspector para dar cobertura a todo el vasto territorio del departamento, anulando cualquier capacidad real de monitoreo.

A pesar de que los principales bancos de pesca se concentran en esta zona, la Base Naval de la Barra de Caratasca opera con recursos logísticos limitados.

Esta desprotección fomenta la pesca ilegal y los abusos de la gran industria sobre los pescadores locales.

Denunció que las embarcaciones camaroneras industriales violan el límite de las tres millas náuticas de exclusión, destruyendo los ciclos de reproducción de las especies marinas costeras de las que depende el sustento nativo.