La Tasa de Seguridad Poblacional podría cerrar 2026 con una recaudación superior a los 6,100 millones de lempiras, de mantenerse el ritmo de ingresos observado durante los primeros meses del año. Sin embargo, la falta de información detallada sobre el uso de estos recursos continúa generando cuestionamientos sobre la transparencia en su administración.

Una estimación elaborada con base en los datos de la Cuenta Financiera de la Administración Central, publicada por la Secretaría de Finanzas (Sefin), proyecta que al concluir el primer semestre los ingresos por este concepto rondarían los 3,040 millones de lempiras.

Las cifras oficiales disponibles reflejan que el monto acumulado alcanzó los 495.4 millones de lempiras en enero, 999 millones en febrero, 1,771.7 millones en marzo y 2,019.4 millones en abril. Debido a que los reportes correspondientes a mayo y junio aún no han sido publicados, la proyección toma como referencia el promedio de recaudación registrado entre marzo y abril, estimando ingresos adicionales por poco más de 1,020 millones de lempiras para completar el primer semestre.

Recaudación con comportamiento variable

Los datos muestran que la captación mensual no ha sido uniforme. Marzo fue el mes con el mayor nivel de ingresos, mientras que en abril la recaudación disminuyó considerablemente, reflejando una desaceleración respecto al período anterior.

Aun así, si el comportamiento promedio de los últimos meses se mantiene durante el resto del año, la Tasa de Seguridad podría convertirse nuevamente en uno de los mecanismos de recaudación especial más importantes del Estado hondureño.

Transparencia sigue siendo el principal cuestionamiento

Aunque la Secretaría de Finanzas publica el dinero recaudado por este impuesto, los informes financieros no detallan qué instituciones reciben los recursos ni cómo son ejecutados, lo que mantiene abierto el debate sobre la administración de estos fondos públicos.

La legislación establece que el dinero proveniente de la Tasa de Seguridad debe utilizarse para fortalecer a los operadores de justicia y seguridad, entre ellos la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario, además de financiar acciones orientadas a combatir la violencia, la delincuencia y el crimen organizado.

No obstante, distintos sectores sociales, organismos de transparencia y analistas han señalado durante años que la falta de información pública impide verificar si los recursos realmente se destinan a esos objetivos.

Un debate que se mantiene desde su creación

Las críticas sobre el manejo de la Tasa de Seguridad no son nuevas. Desde su implementación durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, organizaciones de sociedad civil han cuestionado la limitada rendición de cuentas sobre miles de millones de lempiras recaudados mediante este tributo.

Las observaciones también han continuado durante el gobierno de Xiomara Castro. Entre 2022 y 2025, este fondo habría generado más de 24 mil millones de lempiras, aunque los reportes oficiales tampoco desglosan la distribución de esos recursos entre las instituciones beneficiarias ni los proyectos específicos financiados.

De concretarse la proyección para este año, volverá a cobrar fuerza el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, permitiendo conocer con precisión cuánto dinero recibe cada entidad, en qué programas se invierte y cuál ha sido el impacto real de estos recursos en el fortalecimiento de la seguridad y la reducción de la criminalidad en Honduras.