ASJ y pacientes llevan crisis sanitaria ante el TSC y exigen investigar pagos a médicos


La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y organizaciones de pacientes solicitaron una auditoría especial para determinar posibles irregularidades en el pago de salarios y el cumplimiento de las obligaciones laborales del personal médico, mientras miles de hondureños continúan sin recibir atención hospitalaria.

Tegucigalpa, Honduras.— La prolongada crisis en el sistema público de salud llegó este jueves 15 de octubre al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), donde representantes de pacientes y de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentaron una denuncia para que se investiguen posibles irregularidades administrativas y económicas relacionadas con la suspensión de servicios médicos.

La acción surge en medio de las asambleas informativas convocadas por el Colegio Médico de Honduras (CMH), que han afectado durante más de un mes las consultas externas y otros servicios en los hospitales públicos del país.

Las organizaciones buscan que el ente contralor determine si existen profesionales que han recibido sus salarios sin cumplir con sus funciones, pero también que se esclarezca la situación de quienes continúan trabajando y todavía tienen pagos pendientes.

El objetivo, según los denunciantes, es establecer responsabilidades con base en documentos y auditorías, sin generalizar las acusaciones contra todo el personal médico.

PIDEN REVISAR SALARIOS, CONTRATOS Y CUMPLIMIENTO LABORAL

El director de Transparencia de la ASJ, Juan Carlos Aguilar, explicó que la denuncia solicita una auditoría especial para examinar el manejo de los recursos públicos destinados al pago del personal médico.

La investigación deberá establecer qué profesionales han recibido sus remuneraciones, cuáles mantienen salarios atrasados y si los servicios contratados fueron efectivamente prestados.

Aguilar señaló que la Secretaría de Salud (Sesal) debe proporcionar la documentación necesaria para identificar posibles incumplimientos y determinar si corresponde aplicar responsabilidades administrativas o económicas.

La organización aclaró que la situación laboral no es igual para todos los médicos, debido a que algunos profesionales mantienen reclamos por salarios pendientes.

Por esa razón, consideran indispensable que cualquier conclusión se sustente en una revisión individual de los casos y no únicamente en la participación del personal en las asambleas informativas.

MILES DE CONSULTAS PERDIDAS POR EL CONFLICTO

La directora de Salud de la ASJ, Blanca Munguía, advirtió que la suspensión de servicios ha dejado a miles de personas sin consultas médicas, tratamientos oportunos y procedimientos hospitalarios.

La representante de sociedad civil explicó que las consecuencias son especialmente graves para quienes padecen enfermedades crónicas, ya que necesitan controles periódicos para evitar complicaciones.

Además de las consultas suspendidas, los pacientes enfrentan dificultades para obtener medicamentos y acceder a especialistas, situación que incrementa la incertidumbre entre las familias que dependen de los hospitales públicos.

Munguía insistió en la necesidad de realizar una auditoría general que permita identificar las fallas administrativas y establecer medidas correctivas.

PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DENUNCIAN AFECTACIONES

Durante la presentación de la denuncia, representantes de organizaciones de pacientes expusieron las dificultades que enfrentan debido a la interrupción de la atención médica.

Melba Castellón, representante de pacientes con esclerosis múltiple en Honduras, explicó que las personas diagnosticadas con esta enfermedad requieren seguimiento de diferentes especialistas y acceso continuo a medicamentos.

La dirigente señaló que su organización mantiene un registro aproximado de 500 pacientes a escala nacional, quienes necesitan atención constante para controlar su condición de salud.

Advirtió que la pérdida de una cita médica puede significar semanas o meses adicionales de espera, con posibles consecuencias para quienes necesitan tratamientos especializados.

Castellón también expresó preocupación por el desabastecimiento de medicamentos, un problema que, según explicó, se suma a las dificultades provocadas por las asambleas médicas.

Las organizaciones solicitaron que se verifique la disponibilidad real de los tratamientos y que se garantice la continuidad de la atención a los pacientes más vulnerables.

CONFLICTO ENTRE SALUD Y EL GREMIO MÉDICO CONTINÚA SIN RESOLVERSE

Las asambleas informativas comenzaron el pasado 7 de septiembre, en medio de reclamos del gremio médico relacionados con salarios atrasados y otras condiciones laborales.

Desde entonces, las autoridades sanitarias y los representantes de los profesionales de la medicina han sostenido conversaciones sin alcanzar una solución definitiva que permita normalizar todos los servicios afectados.

Mientras el Colegio Médico mantiene sus exigencias laborales, las organizaciones de pacientes reclaman que el conflicto no continúe limitando el acceso a consultas, medicamentos y procedimientos médicos.

La ASJ ha insistido en que deben respetarse los derechos laborales de los profesionales de la salud, pero también garantizarse la atención de quienes dependen del sistema sanitario público.

TSC DEBERÁ DETERMINAR SI EXISTEN RESPONSABILIDADES

Con la denuncia presentada, corresponderá al Tribunal Superior de Cuentas evaluar la solicitud y determinar las actuaciones de fiscalización que procedan.

Una eventual auditoría permitiría revisar contratos, planillas salariales, registros de asistencia y otros documentos relacionados con la prestación de servicios.

Hasta ahora, la presentación de la denuncia no constituye una declaración de culpabilidad contra médicos o funcionarios.

Las organizaciones esperan que las investigaciones contribuyan a esclarecer el manejo de los recursos públicos y a evitar que las consecuencias de los conflictos administrativos y laborales continúen recayendo sobre los pacientes.


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