** En Congreso de Vivienda 2026, sectores asumen

compromiso de construir soluciones habitacionales

** Chico, Cementos Argos y administración Asfura

     articulan política estatal de vivienda sostenible  

Constructores y autoridades de gobierno y del sector financiero, reunidos en Tegucigalpa, en el Congreso de Vivienda 2026: “Del Ordenamiento Territorial a la Vivienda Propia”, asumieron el firme compromiso de impulsar el Plan Nacional de Vivienda y contrarrestar el déficit de 1.7 millones de unidades habitacionales.

Organizado por la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) y Cementos Argos Honduras, en Tegucigalpa, durante el evento los sectores plantearon la necesidad de convertir la vivienda en una política de Estado capaz de mantenerse durante las próximas décadas, con especial atención a las familias de menores ingresos.

Más que concentrar la discusión en cuántas casas pueden levantarse en un año, el encuentro puso sobre la mesa la necesidad de construir un sistema que permita producir vivienda de manera sostenida, abaratar costos y facilitar que hogares que actualmente están fuera del mercado hipotecario puedan acceder a una solución habitacional.

El Congreso reunió a representantes de los sectores público, financiero, institucional y empresarial para analizar factores que condicionan el acceso a una casa: disponibilidad de suelo urbanizable, ordenamiento territorial, seguridad jurídica, infraestructura, servicios públicos, permisos y acceso al financiamiento.

GRAN PACTO NACIONAL

El presidente de la CHICO, Arnaldo Martínez, sostuvo que enfrentar un déficit de semejante dimensión exige construir muchas más viviendas, particularmente proyectos sociales y de bajo costo dirigidos a las familias con menores ingresos.

Pero advirtió que aumentar la oferta no depende exclusivamente de los constructores.

“Para lograrlo necesitamos que toda la cadena funcione”, señaló Martínez, al plantear que el país requiere suelo urbanizable, planificación territorial, infraestructura, servicios públicos, seguridad jurídica y permisos ágiles, acompañados de mecanismos de financiamiento ajustados a la capacidad económica de las familias.

De esa visión surgió el llamado de la Chico para avanzar hacia un Gran Pacto Nacional por la Vivienda, en el cual Gobierno, municipalidades, Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos (Seviah), Banhprovi, el Regimen de Aportaciones Privadas (RAP), banca privada, constructores, desarrolladores y otros sectores asuman responsabilidades concretas.

“Desde la Chico asumimos nuestro compromiso. Estamos listos para trabajar con el Gobierno, las municipalidades, la Seviah, el sistema financiero, los desarrolladores y todos los sectores de la sociedad”, manifestó Martínez.

La apuesta es que ese esfuerzo no termine junto con el Congreso, sino que permita determinar cuántas viviendas pueden construirse, cómo reducir sus costos, qué mecanismos pueden ampliar el financiamiento y de qué manera acelerar los procesos administrativos.

FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS

Uno de los mayores obstáculos está precisamente en el financiamiento.

Para la Chico, Honduras puede disponer de terrenos, empresas constructoras y capacidad para desarrollar proyectos, pero mientras las familias de menores ingresos no puedan obtener un crédito compatible con sus posibilidades económicas, la vivienda continuará fuera de su alcance.

Por ello, el gremio constructor considera fundamental el papel de Banhprovi y del sistema financiero para diseñar productos que respondan a la realidad de los hogares hondureños.

A ello debe sumarse una transformación de la propia industria. Martínez planteó incorporar innovación, industrialización, nuevas tecnologías, economías de escala y mejores procesos constructivos que permitan reducir costos y tiempos sin sacrificar la calidad de las viviendas.

POLÍTICA QUE TRASCIENDA

La ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Francis Argeñal, aseguró que la administración del presidente Nasry Asfura ha colocado la vivienda entre sus prioridades nacionales, tanto por su impacto social como por su capacidad para generar inversión, empleo y crecimiento económico.

El planteamiento gubernamental apunta a que la solución no sea únicamente construir proyectos aislados, sino desarrollar un sistema nacional de vivienda.

Argeñal anunció que se trabaja en una nueva política pública concebida como una hoja de ruta de largo plazo, cuya continuidad no dependa de quién ocupe el Gobierno. “Una política que no dependa de periodos de gobierno, sino que los trascienda”, expresó la funcionaria.

Dentro de esa estrategia, el Gobierno desarrolla un Plan Nacional de Inclusión Financiera en Vivienda, dirigido a reducir la brecha que actualmente impide a miles de hogares obtener créditos. El Plan incluye subsidios combinados con garantías con la intención de focalizar el respaldo estatal principalmente en los sectores que perciben menores ingresos.

PARA PRÓXIMOS 20 O 30 AÑOS

La dimensión del déficit obliga, según los participantes del Congreso, a abandonar soluciones de corto plazo.

La ministra Argeñal sostuvo que Honduras debe comenzar a planificar lo que hará en vivienda durante los próximos 15, 20 y 30 años, creando condiciones que den continuidad a los programas públicos, seguridad al sector privado para invertir y certeza al sistema financiero para desarrollar nuevos productos hipotecarios.

El Gobierno reconoce, además, que no puede enfrentar por sí solo un problema acumulado durante décadas. En esa estrategia deberán participar constructores, desarrolladores, bancos, municipalidades, academia, colegios profesionales, organismos multilaterales y cooperación internacional, colocando a las familias como beneficiarias centrales.

De esta forma, figura el Banco para el Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que acaba de aprobar a Honduras un crédito por 400 millones de dólares que se inyectarán al Plan Nacional de Inclusión Financiera para Vivienda, a través del Banhprovi.

SECTOR PRIVADO

Desde la industria, Cementos Argos Honduras también respalda una estrategia de largo alcance. La directora comercial, Frida Martínez, señaló que desarrollar más vivienda requiere planificación territorial, seguridad jurídica, financiamiento, procesos eficientes y una industria competitiva, pero principalmente coordinación entre los diferentes actores.

La compañía planteó incorporar innovación, productividad y eficiencia a la cadena de construcción y avanzar hacia proyectos sostenibles, junto con ciudades que crezcan de forma ordenada y generen confianza para nuevas inversiones.

DEL DIAGNÓSTICO A RESULTADOS

El Congreso de Vivienda 2026 deja así planteada una tarea que supera la construcción de casas: crear las condiciones para sostener durante décadas una política habitacional nacional.

El reto será convertir los acuerdos y compromisos expresados por los distintos sectores en proyectos, financiamiento, suelo disponible, infraestructura y viviendas efectivamente accesibles.

Con un déficit de 1.7 millones de unidades, la magnitud del problema impide pensar en una solución inmediata. La propuesta que comienza a tomar forma apunta, por ello, a una estrategia gradual y sostenible que sobreviva a los ciclos políticos y concentre los recursos públicos donde existe mayor necesidad.

El indicador final, como planteó la Chico durante el encuentro, no será únicamente cuánto dinero se invierta o cuántos proyectos sean anunciados, sino cuántas familias hondureñas logren pasar de necesitar una vivienda a tener finalmente un hogar propio.

En la parte académica disertaron el arquitecto panameño Uriel Espinosa, CEO de Tacto Arquitectos, sobre el ordenamiento territorial; el ingeniero José Azcona Bocock, con el tema “Certeza para construir, confianza para invertir” y  el arquitecto argentino Emil Rodríguez Garabot, director de Hábitat y Desarrollo Territorial del CAF.