Tegucigalpa. La Fiscalía Especial contra Delitos Electorales ordenó al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Benjamín Valerio Ardón, remitir de manera urgente documentación certificada, informes y descargos relacionados con la investigación del expediente 1332/372, que indaga la entrega tardía del material electoral en las rutas 1 y 5 del Distrito Central durante las elecciones primarias de 2025.

La solicitud fue enviada mediante el oficio 242-2026, fechado el 18 de mayo, en el que el Ministerio Público exige conocer:

• Las sanciones aplicadas a los oficiales investigados.
• Si dichas sanciones fueron cumplidas o impugnadas.
• Las resoluciones emitidas en caso de existir recursos.
• El procedimiento interno que sigue la institución cuando se recomiendan sanciones de índole militar.

La Fiscalía fundamenta su requerimiento en el artículo 3 de la Ley del Ministerio Público y el artículo 147 del Código Procesal Penal, que establece el deber de colaborar con las investigaciones.

Además, el oficio señala que la información es necesaria para avanzar en la denuncia 1741551062-2025, por el delito de Otros Delitos Electorales en perjuicio de la Constitución.

Investigaciones internas apuntan a fallas y presunto sabotaje

Tras los incidentes del 9 de marzo de 2025, cuando el material electoral tardó hasta 15 horas en llegar a centros de votación que estaban a solo minutos de distancia, las Fuerzas Armadas abrieron dos investigaciones paralelas:

Inspectoría General de las FFAA

• Señaló responsabilidad del general Nahún Canales Cruz, entonces jefe del Comando de Apoyo Logístico (CALFA).
• Recomendó relevarlo como supervisor de la distribución del material.

Inspectoría del Ejército

• Identificó como responsables a los coroneles Nicolás Edulfo Serrano Benítez (COES) y Alan Barahona Rosales (Primer Batallón).
• Recomendó someter a tribunal de honor a los tenientes Ariel Oliva Benítez y Noel Adalid Osorio Barahona, quienes fueron captados en video deteniendo autobuses y dejando maletas electorales tiradas en el suelo.

Señalamientos de manipulación y encubrimiento

Fuentes militares citadas en la investigación aseguran que el entonces jefe del Estado Mayor, general Roosevelt Hernández, habría modificado los informes originales para incluir elementos que desviaran la responsabilidad, como:

• Supuesta impresión tardía de papeletas.
• Falta de mano de obra civil.
• Cambio repentino de camiones a autobuses.

Según estas fuentes, tales argumentos eran falsos y buscaban justificar el retraso.

También señalan vínculos políticos:

• El coronel Alan Barahona Rosales fue escolta del expresidente Manuel Zelaya.
• Otros oficiales habrían actuado coordinadamente para entorpecer el proceso electoral.

Oficiales investigados fueron ascendidos o reubicados

Tras la llegada de Valerio Ardón al Estado Mayor Conjunto, varios oficiales de las promociones 27, 29 y 30, mencionados en los informes como partícipes del sabotaje, fueron premiados con nuevos cargos en distintas unidades militares.

Esto generó preocupación dentro de sectores castrenses que no consideran a Valerio Ardón como una ruptura con la línea de Roosevelt Hernández, sino como su continuidad.

Hasta ahora, el Ministerio Público había concentrado sus esfuerzos en investigar a civiles involucrados en el sabotaje electoral. Sin embargo, este requerimiento dirigido al jefe de las FFAA marca un giro: la Fiscalía estaría dispuesta a llevar también a oficiales militares ante la justicia.

El caso continúa en investigación.