El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró que Honduras registra avances en la reducción de homicidios y proyectó que 2026 podría cerrar con una tasa de 24 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, dos puntos menos que el indicador con el que comenzó el año.

El funcionario atribuyó los resultados a una estrategia enfocada en inteligencia, investigación criminal y desarticulación de estructuras violentas, aunque reconoció que el país todavía enfrenta un escenario complejo, marcado por la presencia territorial del crimen organizado, déficit de policías, limitaciones presupuestarias y problemas internos de corrupción.

Velásquez puso como ejemplo a Choloma, Cortés, donde sostuvo que la reducción de homicidios está relacionada con las operaciones contra organizaciones criminales.

“Nosotros vamos a finalizar este año con dos puntos menos en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, es decir, con 24”, afirmó en entrevista con Proceso Digital.

Crimen cambia sus formas de operar

El ministro reconoció que las organizaciones criminales modifican constantemente sus métodos y fuentes de financiamiento ante la presión de las autoridades.

“El crimen organizado es una organización que cada día se reconfigura, se reconstruye y se adapta a las nuevas modalidades”, manifestó.

Según Velásquez, la presión contra estructuras vinculadas al narcotráfico ha provocado que algunos grupos de menor nivel busquen ingresos mediante actividades como la extorsión, narcomenudeo y secuestro.

Además, señaló que los mayores niveles de violencia se encuentran focalizados en alrededor de 30 municipios, lo que obliga a concentrar los recursos policiales en determinadas zonas.

“No basta perseguir delitos aislados, hay que afectar las estructuras criminales”, sostuvo.

Estado de excepción sería focalizado

Ante la presencia de estructuras criminales en algunos territorios y casos de desplazamiento de familias por amenazas, Velásquez señaló que el estado de excepción podría utilizarse nuevamente, pero de manera territorial.

“No vamos a tener un estado de excepción permanente en el país”, afirmó, al explicar que la medida sería aplicada únicamente donde las condiciones de seguridad lo requieran.

La estrategia, indicó, debe combinar las operaciones policiales con prevención, participación de las municipalidades y recuperación de espacios públicos.