*** Fue demandada por estafa y administración fraudulenta

 *** El caso se suma a un proceso disciplinario que le siguen a tres funcionarios judiciales más

La jueza de Puerto Cortés, Tania Patricia Martínez, se encuentra a las puertas de un antejuicio, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitiera un amparo interpuesto en la Sala Constitucional del Poder Judicial en 2025.

El antejuicio fue promovido por considerarla responsable por la supuesta comisión de los delitos de estafa y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.

Lo anterior, por haber nombrado un administrador judicial sin el respaldo legal suficiente en la Cooperativa Mixta Palmas del Caribe Limitada (Compacal) de Omoa, Cortés.

Esta decisión de la togada afecta a la mayoría de socios, favoreciendo a la minoría, que interpuso anteriormente una demanda de nulidad de acuerdos societarios, ya que no se trata de una demanda por una deuda, sino de una demanda declarativa, que no sustenta un embargo ni una medida semejante como es el nombramiento de un administrador.

Este administrador nombrado ha prohibido la entrada a los supervisores del Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (Consucoop), algo que va en contra de ley de cooperativas.    

Además, por negarse a revisar las medidas de ese nombramiento que a la fecha ya lleva 16 meses.

La revisión de esas medidas fue solicitada por los apoderados de la cooperativa quienes consideran que la jueza tiene interés y denota favoritismo por una parte al insistir en dejar al administrador en su cargo.

Según los abogados de la cooperativa, la jueza Tania Martínez “ha perjudicado gravemente a la cooperativa Compacal la cual tiene capital de 15 millones de dólares y cederla a manos extrañas sin respaldo”.

En tal sentido, los abogados defensores de la cooperativa hacen un llamado a la Inspectoría de Tribunales para que tomen cartas en el asunto.

La denuncia sale a la luz luego que La presidenta de Jueces y Magistrados del Poder Judicial, Ana Cardona, informó este miércoles que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) someterá a un proceso disciplinario a tres funcionarios judiciales señalados en investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con la práctica de embargos.

Los investigados son la jueza coordinadora Alba Isabel Cervantes Ramírez, el escribiente Pablo César Pérez Funes y la administradora Iliana del Carmen Flores Arce.