Tegucigalpa, Honduras.— Los ingresos obtenidos por influencers y creadores de contenido a través de plataformas digitales deberían convertirse en un área de especial atención para las autoridades hondureñas ante el riesgo de que estos mecanismos puedan ser utilizados para justificar o movilizar dinero procedente de actividades ilícitas, advirtió Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Castañeda señaló que el crecimiento de las plataformas digitales ha generado nuevas formas de obtener ingresos que no necesariamente están acompañadas por mecanismos estatales de supervisión adaptados a esta realidad.

A su criterio, Honduras continúa utilizando esquemas de control diseñados hace 15 o 20 años, mientras las formas de generar y transferir recursos han evolucionado rápidamente con las redes sociales y otras plataformas.

“Incluso ellos mismos públicamente lo dicen a diario de cuánto llegan a percibir solo a través de estas plataformas digitales”, expresó Castañeda, quien considera necesario que el tema forme parte de las prioridades gubernamentales en la lucha contra el lavado de activos.

Piden seguimiento a ingresos y movimientos financieros

El representante de ASJ planteó que instituciones como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el Ministerio Público y otras entidades relacionadas deberían desarrollar una política que permita identificar y dar seguimiento a los movimientos financieros generados mediante estas nuevas actividades económicas.

Uno de los aspectos que, según explicó, merece atención es la posibilidad de que una persona adquiera bienes muebles o inmuebles y atribuya el crecimiento de su patrimonio a ganancias generadas en plataformas digitales.

Esto obligaría a las instituciones investigadoras a contar con herramientas para comprobar el origen de esos recursos y determinar cuánto dinero efectivamente fue recibido mediante las plataformas declaradas.

Castañeda también señaló que será importante establecer qué grado de colaboración pueden ofrecer las compañías que administran estas plataformas cuando las autoridades hondureñas requieran información dentro de una investigación.

Advierten riesgo de infiltración del crimen organizado

El especialista explicó que el amplio alcance de las plataformas digitales, la facilidad para utilizarlas y la gran cantidad de usuarios que concentran pueden convertirlas en espacios atractivos para quienes buscan mecanismos para introducir o movilizar recursos de procedencia ilegal.

Sin embargo, la advertencia no implica que los influencers o creadores de contenido sean responsables de actividades ilícitas por el hecho de obtener ingresos en redes sociales. El planteamiento de Castañeda se centra en fortalecer los controles y la capacidad investigativa del Estado frente a posibles casos en los que esas actividades puedan ser utilizadas para encubrir el origen del dinero.

“El riesgo”, sostuvo, radica principalmente en que el sistema hondureño no disponga todavía de herramientas suficientes para seguir adecuadamente este tipo de operaciones.

Ante ese escenario, Castañeda propuso establecer una mesa técnica que permita definir mecanismos de supervisión y coordinación entre las instituciones involucradas.

Para el representante de ASJ, el desafío consiste en encontrar un sistema que permita verificar los ingresos procedentes de plataformas digitales y detectar posibles irregularidades sin perder de vista la prioridad gubernamental de fortalecer el combate contra el lavado de activos y las estructuras vinculadas al crimen organizado.