Más de una década después de que decenas de hogares quedaran destruidos por fallas geológicas en la urbanización Ciudad del Ángel, en el sector sur de Tegucigalpa, el proceso judicial que ha marcado la vida de 54 familias entra finalmente en su fase decisiva.

Una reciente resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia que reconoce la responsabilidad de varias instituciones y habilita el pago de una indemnización que podría rondar los 280 millones de lempiras.

Una resolución que cambia el rumbo del caso

El abogado Marlon Arévalo, representante legal de los afectados, confirmó que el máximo tribunal declaró sin lugar un recurso de casación interpuesto dentro del proceso. Con ello, la sentencia adquiere carácter definitivo y ejecutable, eliminando uno de los últimos obstáculos que frenaban la compensación económica.

“Con esta decisión, inicia formalmente la etapa de ejecución. Las instituciones condenadas deben comenzar a responder por los daños causados”, explicó Arévalo.

Tres actores deberán asumir la indemnización

La sentencia distribuye la responsabilidad entre:

• La corporación municipal
• La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna)
• La empresa constructora del proyecto

Cada una deberá cubrir aproximadamente una tercera parte del monto total, lo que se traduce en pagos cercanos a 90–95 millones de lempiras por institución.

Si se mantiene la cifra estimada de 280 millones, cada una de las 54 familias recibiría alrededor de 2.5 millones de lempiras, una compensación que, según la defensa, apenas cubre parte de las pérdidas acumuladas durante más de una década.

Un proyecto marcado por advertencias ignoradas

Ciudad del Ángel se convirtió en un símbolo de los riesgos de construir sin respetar criterios técnicos. Aunque las viviendas fueron vendidas como una opción segura y moderna, pronto comenzaron a aparecer grietas en calles, muros y estructuras.

Con el tiempo, los daños se volvieron irreversibles y muchas familias tuvieron que abandonar sus casas, perdiendo inversiones que en varios casos representaban los ahorros de toda una vida.

La defensa de los afectados sostiene que estudios realizados por especialistas japoneses desde la década de 1990 ya advertían sobre fallas geológicas y corrientes subterráneas en la zona. Aun así, se otorgaron permisos municipales y licencias ambientales para desarrollar el proyecto.

Responsabilidad estatal y omisiones en los permisos

Durante el juicio, los tribunales analizaron el proceso de autorización del proyecto y concluyeron que hubo omisiones e irregularidades tanto en la evaluación ambiental como en la aprobación municipal. La inestabilidad del terreno —determinante en el colapso de las viviendas— era un riesgo conocido que no fue atendido adecuadamente.

Una lucha de 13 años

El camino hacia esta resolución ha sido largo y desgastante. Las familias enfrentaron recursos, apelaciones y retrasos que prolongaron el proceso por más de trece años. Muchas tuvieron que endeudarse para rehacer sus vidas mientras esperaban justicia.

El caso se transformó en un referente nacional sobre la necesidad de supervisión rigurosa en proyectos habitacionales y la responsabilidad del Estado en la protección de los ciudadanos.

¿Qué podría pasar si no se cumple la sentencia?

Arévalo advirtió que un eventual incumplimiento podría derivar en repercusiones internacionales para Honduras, especialmente ante disposiciones recientes sobre la inembargabilidad de bienes estatales. Si el Estado no ejecuta la sentencia, las familias podrían recurrir a instancias externas, lo que —según el abogado— podría resultar más costoso para el país que cumplir con el fallo nacional.