Tegucigalpa, Honduras.— La confrontación entre la Secretaría de Salud (Sesal) y el Colegio Médico de Honduras (CMH) entra en su tercera semana consecutiva, con versiones contrapuestas sobre pagos, trámites administrativos y condiciones laborales, mientras las asambleas informativas continúan afectando la atención de pacientes en establecimientos públicos.

El viceministro de Salud, Eduardo Midence, elevó este martes el tono de los cuestionamientos contra las medidas impulsadas por el gremio médico. Sostuvo que, a criterio de la Sesal, las acciones ya no pueden considerarse únicamente un mecanismo de presión por asuntos administrativos.

“Hay que llamar las cosas por su nombre. Esto es una huelga, es una toma de los establecimientos de salud, un secuestro al acceso de servicios de salud”, manifestó Midence al referirse a las asambleas.

El CMH, por su parte, mantiene sus medidas y reclama respuestas a una agenda de 16 puntos, por lo que el conflicto continúa sin una salida definitiva. En medio de las posiciones enfrentadas, los pacientes resienten retrasos y suspensiones en diferentes servicios.

Salud asegura que ha avanzado con los pagos

Midence rechazó que exista un incumplimiento generalizado de salarios y aseguró que 1,139 funcionarios ya recibieron sus pagos. Según explicó, quedan 35 médicos pendientes de validación para la ejecución del gasto, mientras otros 199 profesionales están en proceso de validación ante el Servicio Civil.

El funcionario afirmó que estos casos corresponden a procedimientos administrativos que deben resolverse entre ambas instituciones y consideró que esas gestiones no deberían provocar la interrupción de servicios médicos.

También aseguró que durante el fin de semana se realizó el pago correspondiente a septiembre y defendió que la Sesal ha mantenido comunicación transparente con la directiva del Colegio Médico.

Midence pone sobre la mesa los salarios

Otro punto que el viceministro introdujo en la discusión fue el nivel salarial de los profesionales de la medicina dentro del sistema público.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por Midence, un médico general puede recibir más de 75,000 lempiras mensuales, mientras algunos alcanzan entre 85,000 y 90,000 lempiras. En el caso de especialistas, aseguró que existen remuneraciones superiores a 160,000 lempiras.

El funcionario también cuestionó que algunos profesionales tengan dos plazas o contratos permanentes, con ingresos que superarían los 100,000 lempiras, y que actualmente no estén prestando atención debido a las asambleas.

Estas cifras y señalamientos corresponden a la versión presentada por el viceministro y forman parte de la disputa entre las autoridades sanitarias y el gremio.

Pacientes quedan atrapados en el conflicto

Para Midence, el principal problema ya no se limita a las diferencias entre la Sesal y el CMH, sino a las consecuencias que enfrentan quienes dependen del sistema público.

Como ejemplo, señaló que una persona puede esperar cerca de dos meses para conseguir espacio para una cirugía electiva y, llegado el día, encontrarse con la suspensión del procedimiento debido a una asamblea.

“¿Usted cree que es justo para este paciente?”, cuestionó.

El señalamiento pone nuevamente sobre la mesa uno de los efectos más sensibles de la crisis: mientras autoridades y médicos mantienen posiciones encontradas, las interrupciones repercuten en consultas, procedimientos y cirugías que ya arrastran tiempos de espera.

16 demandas todavía separan a las partes

La Sesal asegura haber analizado mediante un equipo multidisciplinario los 16 puntos planteados por el Colegio Médico. Midence sostuvo que, desde la perspectiva gubernamental, buena parte de las demandas corresponde a temas gremiales y administrativos y cuestionó que estos asuntos deriven en medidas que afecten la prestación de servicios.

El conflicto, sin embargo, permanece abierto. Salud sostiene que está cumpliendo con los pagos y avanzando en los procesos pendientes, mientras los médicos mantienen por tercera semana sus asambleas informativas y cuestionan la respuesta oficial.

Sin un acuerdo entre las partes, el costo inmediato de la confrontación sigue recayendo sobre los pacientes que buscan atención en el sistema público, particularmente aquellos que esperan consultas especializadas, procedimientos y cirugías.