La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Luz Angélica Smith, confirmó que el Ministerio Público (MP) declaró inadmisible un recurso presentado dentro del proceso administrativo en el que figura como investigada por presuntas irregularidades relacionadas con la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

La legisladora explicó que el procedimiento forma parte de una investigación administrativa y que, como persona señalada en el caso, ejerció su derecho a presentar los recursos contemplados en la Constitución de la República y la legislación vigente.

«Es un proceso administrativo en el cual hemos solicitado que se nos garantice, en nuestra calidad de investigados, el derecho a la defensa y el debido proceso, tal como lo estipulan la Constitución y los convenios internacionales», manifestó Smith.

Tras la decisión del Ministerio Público, la congresista indicó que su equipo legal analiza la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al considerar que podrían haberse vulnerado garantías fundamentales.

«Cuando se vulnera el derecho a la defensa, se puede acudir ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar tutela. Nuestros representantes legales analizarán las acciones correspondientes», expresó.

Smith agregó que continuará compareciendo ante las instancias competentes, siempre que se respete el debido proceso tanto en la fase administrativa como en la jurisdiccional.

Niega temor a un requerimiento fiscal

Consultada sobre la posibilidad de que el Ministerio Público presente un requerimiento fiscal en su contra, la diputada aseguró que no teme enfrentar una acción penal, al sostener que todas sus actuaciones se realizaron conforme a la ley.

«No tenemos temor, porque nuestras acciones no han sido constitutivas de delito. Actuamos conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica del Congreso Nacional», afirmó.

No obstante, reconoció que existen posiciones políticas encontradas alrededor del caso y expresó su confianza en que las decisiones de las autoridades se adopten con independencia y objetividad, sin motivaciones de carácter político.