Un movimiento silencioso pero significativo se produjo en dos estructuras clave del Estado hondureño: la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional (Sipena) y la Fuerza Naval de Honduras, donde se ejecutaron cambios de mando y decisiones administrativas impulsadas desde el Poder Ejecutivo y la cúpula de las Fuerzas Armadas.

Fuentes vinculadas a las instituciones castrenses confirmaron que, en los últimos días, se sostuvieron encuentros entre mandos militares y funcionarios gubernamentales para definir el rumbo del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y revisar la continuidad de la comisión interventora que lo administraba desde enero de 2026. En paralelo, se evaluaron ajustes en la estructura de la Fuerza Naval.

El primer movimiento se produjo en la Naval, donde fue separado de su cargo el capitán de navío Ricardo de Jesús Dubón Cabrera. Según las fuentes consultadas, su salida respondió a desacuerdos internos con jefes de unidades y a la falta de respaldo dentro de la cúpula militar. También se mencionó que Dubón Cabrera figuraba en el radar de autoridades estadounidenses por supuestas irregularidades en funciones previas.

El relevo se habría realizado la tarde del 1 de mayo, en una ceremonia reservada en la Comandancia General de la Naval, en Comayagüela. En su lugar asumió el capitán de navío Juan Antonio de Jesús Rivera, oficial de la promoción 29 y exinspector de la institución entre 2021 y 2022.

El carácter discreto del acto, ejecutado en pleno Día del Trabajador, generó interrogantes entre oficiales que consideran inusual un cambio de esta magnitud en una fecha festiva.

Reestructuración total en el sistema penitenciario

En el ámbito penitenciario, el Ejecutivo decidió disolver la Comisión Interventora y nombrar al general en condición de retiro Walter Irán Amador Lacayo como nuevo titular del INP.

Los coroneles que integraban la interventora —designados en enero de 2026— serán puestos a disposición debido a denuncias en su contra y a su participación en episodios polémicos durante el proceso electoral de 2025. Según fuentes militares, estos oficiales tampoco contaban con la confianza del actual gobierno ni del alto mando, pues respondían a directrices del entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández.

Señalamientos y tensiones internas

El coronel Othoniel Gross Castillo, quien presidía la interventora, enfrenta una denuncia formal presentada ante el Ministerio Público por asociaciones de reservistas. Desde el Ejecutivo tampoco había satisfacción con su gestión, debido a la persistencia de actividades criminales desde los centros penales.

El coronel Erwin Roberto Lara Franco, otro de los interventores, arrastra cuestionamientos del Colegio de Periodistas de Honduras y de la Sociedad Interamericana de Prensa, luego de declaraciones en las que calificó a comunicadores como “sicarios de la información”.

El tercer miembro, el coronel Raúl Alexis Fuentes Borjas, habría solicitado al Consejo Nacional Electoral copias de actas del proceso de 2025 en un contexto de alta tensión política. Fuentes internas señalan que actuaba siguiendo instrucciones de Hernández, para entonces figura central dentro de la estructura militar.

Un nombramiento previo al cambio de gobierno

La expresidenta Xiomara Castro juramentó a la Comisión Interventora el 5 de enero de 2026, pocos días antes de entregar el poder al actual mandatario, lo que generó interpretaciones dentro de las Fuerzas Armadas sobre un posible intento de proteger a oficiales cercanos a su administración.

Un reacomodo que reabre viejos debates

Los recientes cambios han reactivado discusiones sobre la influencia política en las estructuras de seguridad y defensa, especialmente tras las tensiones del proceso electoral de 2025. Sectores militares recuerdan que, antes de los comicios, se manejó la posibilidad de que Roosevelt Hernández asumiera el Ministerio de Defensa si el partido Libre continuaba en el poder.

Con los relevos en la Sipena y la Fuerza Naval, el gobierno actual busca recomponer mandos y recuperar control en áreas sensibles, en medio de cuestionamientos sobre la gestión penitenciaria y la necesidad de fortalecer la institucionalidad militar.