En una sesión considerada clave para la estrategia de seguridad del país, el Congreso Nacional discutirá este lunes 18 de mayo la ratificación de un amplio paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, orientado a golpear la columna financiera, tecnológica y operativa de las organizaciones criminales.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Seguridad, reconoce que el delito ha evolucionado hacia una dimensión digital y que las maras y pandillas han diversificado sus métodos para ocultar dinero, reclutar colaboradores y operar desde el anonimato.

Extorsión: responsabilidad ampliada y fin de beneficios procesales

El eje central de la reforma redefine el delito de extorsión, ampliando la responsabilidad penal más allá del autor material de la amenaza. A partir de la modificación, también serán procesados quienes:

• Presten cuentas bancarias para recibir depósitos.
• Participen en retiros, transferencias o reinversión de dinero ilícito.
• Faciliten mecanismos asociados al lavado de activos.

Además, se elimina la posibilidad de aplicar el procedimiento abreviado, cerrando la puerta a reducciones de pena mediante admisión de responsabilidad.

El presidente de la Comisión de Seguridad, Marcos Paz, explicó que la reforma responde a la sofisticación del delito:

“Ya no solo se va a perseguir al que deja un papelito, sino al que presta una cuenta para depositar el dinero, al que lo retira o lo reinvierte. Y a quien sea acusado por extorsión no le será aplicable el procedimiento abreviado”.

Telecomunicaciones bajo mayor control: registro obligatorio y plazos estrictos

Uno de los cambios más sensibles recae sobre las empresas de telecomunicaciones y servicios de internet, obligadas a implementar un registro verificable de cada cliente para evitar el uso de identidades falsas en la coordinación de delitos.

La reforma también establece tiempos de respuesta más estrictos:

• 24 horas para que las telefónicas entreguen información requerida por jueces.
• 10 días para que el sistema bancario remita reportes financieros.

El objetivo es evitar la pérdida de rastro en billeteras electrónicas, hoy uno de los refugios preferidos de los extorsionadores por la facilidad para abrirlas con documentos ajenos.

Paz advirtió:

“El rastreo del dinero se pierde fácilmente en una billetera electrónica; las empresas deben tener muy bien identificados a sus clientes para que Juan Pérez no use la identidad de Juana Reyes”.

Colaborador eficaz: herramienta clave para desmantelar cúpulas criminales

El paquete también incorpora con mayor claridad la figura del colaborador eficaz, un mecanismo que permitirá reducir hasta dos tercios de la pena a miembros de estructuras criminales que aporten información útil para desarticular redes completas.

La reforma se acompaña de ajustes al Código Procesal Penal para fortalecer la protección de testigos y víctimas, un punto considerado indispensable para incentivar la denuncia en casos de extorsión, secuestro y sicariato.

“Es importante brindarle a las víctimas una protección judicial que haga confiable denunciar”, señaló el presidente de la comisión, destacando que la reforma busca dotar de herramientas inmediatas a inteligencia, Ministerio Público y Poder Judicial.

Uso indebido de indumentaria militar o policial: penas más severas

Otro apartado endurece las sanciones contra quienes utilicen uniformes, insignias o equipo militar/policial para cometer delitos, una práctica recurrente de grupos criminales para confundir a la población y evadir controles.

Un marco legal actualizado para un crimen más tecnológico

Las reformas llegan en un contexto donde las organizaciones criminales han adoptado:

• Cuentas digitales y billeteras móviles.
• Identidades falsas para telecomunicaciones.
• Movimientos financieros fragmentados para evadir rastreo.
• Coordinación remota desde cárceles o fuera del país.

Expertos en derecho penal coinciden en que este paquete constituye el arsenal jurídico más robusto de la última década, al combinar:

• Incremento de multas.
• Tipificación reforzada del terrorismo.
• Control estricto del flujo digital de dinero.
• Responsabilidad penal ampliada.

El Congreso apuesta por una estrategia de “asfixia total” para debilitar la capacidad operativa de las estructuras criminales a partir de 2026.