*** Se documentó la presencia de aproximadamente 7,620 personas no garífunas dentro del territorio reconocido por el Estado.

Tela, Atlántida.— La disputa por las tierras en la Bahía de Tela entra en una nueva etapa de tensión. Representantes de varias comunidades garífunas reunidos este 26 de septiembre en San Juan reafirmaron que consideran ancestrales los territorios que reclaman y anunciaron que mantendrán sus acciones de movilización, mientras propietarios no garífunas enfrentan incertidumbre sobre sus viviendas, terrenos e inversiones.

La posición quedó plasmada en una declaratoria emitida tras una Asamblea Regional convocada por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) en el campamento “Tuba Mena”. Participaron representantes de San Juan, Tornabé, Triunfo de la Cruz, Río Tinto, Barra Vieja y La Ensenada, además de patronatos y organizaciones comunitarias.

El punto central del conflicto es que las reivindicaciones territoriales conviven con propiedades privadas y asentamientos de miles de personas. En el caso específico de San Juan, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no ordenó desalojar a los propietarios privados ni entregar a la comunidad las 674.69 hectáreas reconocidas por el Estado como su territorio ancestral. Por el contrario, el tribunal determinó que esa restitución no era viable debido, entre otros factores, a la presencia de miles de terceros y a la existencia de propiedades legítimamente transferidas.

GARÍFUNAS REAFIRMAN RECLAMO SOBRE TIERRAS ANCESTRALES

En su declaratoria, las organizaciones sostienen que “las tierras ancestrales de nuestras comunidades son nuestras” y reivindican la jurisprudencia interamericana sobre la recuperación del territorio ancestral.

También respaldaron la decisión de OFRANEH de mantener indefinidamente el campamento instalado desde el 10 de agosto frente a la Corte Suprema de Justicia y anunciaron que no participarán en lo que califican como “falsos diálogos” con el Gobierno mientras, según su posición, continúe la “criminalización” contra las comunidades de San Juan y Cayos Cochinos.

El documento cuestiona además un proceso judicial relacionado con PROMOTUR, empresa vinculada por los firmantes a la familia de Yani Rosenthal. Los representantes reunidos ratificaron que no presentarán a sus compañeros a una audiencia que califican de “ilegal” y solicitaron al Poder Judicial y al Ministerio Público que, a través de sus abogados, les comuniquen las resoluciones correspondientes.

Sin embargo, la declaratoria no dice expresamente que las comunidades se nieguen a acatar la sentencia de la CIDH. Por el contrario, invoca las cuatro sentencias internacionales favorables al pueblo garífuna y exige su cumplimiento. La controversia está en el alcance que atribuyen a los derechos territoriales frente a los derechos de terceros.

LA CIDH: LA PROPIEDAD COMUNAL NO SIEMPRE PREVALECE SOBRE LA PRIVADA

Este punto resulta especialmente relevante porque la sentencia de San Juan vs. Honduras, dictada el 29 de agosto de 2023, contiene disposiciones específicas sobre las propiedades de terceros.

La Corte IDH estableció que, cuando existe una contradicción entre propiedad comunitaria y propiedad privada, el Estado debe analizar caso por caso los derechos involucrados. El tribunal fue explícito al señalar que esto “no significa que siempre deba prevalecer la propiedad comunitaria indígena sobre la particular”.

Durante el proceso, la propia Corte constató documentación según la cual varios terrenos ubicados dentro del área reclamada habían sido legítimamente transferidos a terceros. También encontró registros en los que el Patronato de San Juan había reconocido la posesión de determinados terrenos adquiridos de buena fe por personas no garífunas. (Procuraduría General de la República)

CORTE DESCARTÓ DESALOJAR A 7,620 PERSONAS

El fallo adquiere especial importancia ante las preocupaciones de propietarios e inversionistas de la Bahía de Tela. Durante el proceso internacional se documentó la presencia de aproximadamente 7,620 personas no garífunas dentro del territorio reconocido por el Estado.

La Corte consideró que ordenar su desplazamiento podía generar consecuencias humanitarias, que existían terrenos legítimamente transferidos y que no había información suficiente para determinar la situación jurídica de todos los poseedores y propietarios. También reconoció una situación de conflictividad social entre las comunidades garífunas y no garífunas.

Con esos elementos, el tribunal concluyó que no era posible ordenar la restitución de las 674.69 hectáreas, porque hacerlo supondría expropiar y desalojar a esas 7,620 personas.

En su lugar, ordenó al Estado entregar a San Juan tierras alternativas de igual extensión y de la misma o mayor calidad, descontando las 63 hectáreas otorgadas en dominio pleno en 2000. La comunidad también puede optar por una compensación económica equivalente al valor de los territorios no otorgados.

INVERSIONES Y PROPIEDADES EN MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE

La diferencia entre el contenido del fallo y las reivindicaciones territoriales expresadas en la nueva declaratoria vuelve a colocar bajo atención la seguridad jurídica de quienes poseen viviendas, terrenos o inversiones en las áreas disputadas.

No obstante, no sería jurídicamente preciso afirmar que todos los terrenos privados están automáticamente protegidos ni que todas las reclamaciones garífunas carecen de validez. La propia Corte ordena ponderar los derechos y reconoce tanto la propiedad colectiva de la comunidad como la existencia de terceros de buena fe.

Al mismo tiempo, el fallo dispone que las reglas de convivencia pacífica y armoniosa deben ser respetadas tanto por los miembros de la Comunidad Garífuna de San Juan como por los demás habitantes.

COMUNIDADES ANUNCIAN MÁS MOVILIZACIONES

La declaratoria del 26 de septiembre también rechaza las acusaciones de que las comunidades estén organizando grupos de choque contra propietarios y afirma que no promueven desalojos contra pobladores mestizos o ladinos.

Los representantes anunciaron, sin embargo, que continuarán movilizándose pacíficamente en la Bahía de Tela y exigieron detener las actividades del actual Censo dentro de sus comunidades hasta que, según su planteamiento, exista un proceso de consentimiento y consulta previa, libre e informada.

La controversia deja ahora al Estado frente a un desafío especialmente complejo: cumplir la sentencia internacional sobre los derechos colectivos de San Juan sin desconocer los derechos de propiedad privada que la propia Corte IDH ordenó ponderar y que fueron determinantes para descartar el desalojo de miles de habitantes