El expresidente Juan Orlando Hernández regresará este domingo a Honduras para comparecer de manera voluntaria ante la justicia hondureña, donde enfrenta un proceso penal por presunto fraude y lavado de activos, luego de haber recuperado su libertad en Estados Unidos tras recibir un indulto presidencial.

El exmandatario, de 57 años, fue el primer expresidente hondureño extraditado a Estados Unidos. En abril de 2022 fue enviado a ese país y, dos años después, una corte federal de Nueva York lo condenó por delitos relacionados con el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas.

Su situación cambió en 2025, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le concedió un indulto presidencial. Posteriormente, la justicia estadounidense dejó sin efecto la sentencia y dio por concluido el proceso en su contra.

Regreso voluntario

El retorno de Hernández se produce después de que un juez hondureño suspendiera de forma provisional la orden de captura internacional y la notificación roja de Interpol que pesaban en su contra, permitiéndole ingresar al país para someterse voluntariamente al proceso judicial.

El expresidente deberá responder por un caso relacionado con el presunto desvío de fondos públicos utilizados para financiar su campaña electoral de 2013. En el expediente también figuran otros exfuncionarios, exdiputados y empresarios.

La audiencia inicial quedó programada para el 3 de agosto, fecha en la que conocerá formalmente los cargos que le imputa el Ministerio Público. Su defensa buscará que continúe el proceso bajo medidas distintas a la prisión preventiva.

En declaraciones concedidas a EFE, Hernández afirmó que otros implicados en el mismo expediente se presentaron voluntariamente ante la justicia y que varios de ellos ya fueron liberados de las acusaciones, mientras otros continúan enfrentando el proceso en libertad.

Debate sobre la independencia judicial

El regreso del exmandatario ha reactivado el debate sobre la imparcialidad del sistema de justicia hondureño.

Mientras sus simpatizantes consideran que tendrá la oportunidad de demostrar su inocencia, organizaciones dedicadas al combate de la corrupción y sectores de oposición han insistido en que el proceso debe desarrollarse sin privilegios.

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, manifestó que el principal desafío será demostrar que la ley se aplica por igual a todos los ciudadanos.

En la misma línea, la dirigente política Rixi Moncada pidió que las instituciones judiciales actúen con objetividad y garanticen un proceso apegado a la ley, independientemente de la relevancia política del acusado.