Ministerio Público presenta requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández
El Ministerio Público (MP) informó este miércoles que presentó un requerimiento fiscal contra el exsecretario de Defensa y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, en condición de retiro, por un caso relacionado con presuntos ataques a la libertad de prensa.
La acción fue presentada por la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, luego de una investigación sobre publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en un medio digital institucional de las Fuerzas Armadas.
Investigación incluyó peritajes y testimonios
Según el Ministerio Público, la investigación se originó tras denuncias presentadas por periodistas y por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), quienes señalaron que dichas publicaciones podrían constituir una campaña de desacreditación contra miembros de la prensa.
El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas y Defensores de DD.HH. presentó hoy un requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández exsecretario de Defensa y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras en… pic.twitter.com/LOtHktbr22
— Ministerio Público (@MP_Honduras) July 29, 2026
La Fiscalía indicó que el expediente incluye denuncias formales, diligencias prejudiciales, un peritaje especializado sobre material audiovisual y digital, así como la recopilación de testimonios.
MP destaca protección a la libertad de prensa
A través de un comunicado, el Ministerio Público afirmó que la libertad de prensa y de expresión debe garantizarse mediante la aplicación de la ley.
«La libertad de prensa y de expresión no se declara protegida solo en el discurso, se protege con procesos. La libertad de expresión y ejercicio de la función periodística son derechos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales que Honduras suscribe», señaló la institución.
Asimismo, enfatizó que ningún funcionario o exfuncionario público está exento de rendir cuentas cuando se investigan posibles vulneraciones a estos derechos.
