• DEPAT orienta a propietarios sobre el alcance de las sentencias de la Corte IDH.
• Denuncian movilización de activistas hacia zonas en disputa en la Bahía de Tela.

La disputa por tierras derivada de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) vuelve a generar preocupación en la Bahía de Tela, donde Defensores de la Paz en Tela (DEPAT) inició una campaña para orientar a los habitantes sobre el alcance de las resoluciones relacionadas con las comunidades garífunas de San Juan y Triunfo de la Cruz.

La organización centra su alerta en la situación de personas que poseen terrenos, viviendas y cultivos dentro de las áreas en conflicto y que aseguran contar con documentación que respalda sus derechos.

DEPAT sostiene que el cumplimiento de las sentencias corresponde al Estado de Honduras y que las resoluciones de la Corte IDH no deben interpretarse como una autorización para que particulares ocupen terrenos, desalojen personas o ejecuten acciones directamente sobre propiedades en disputa.

SAN JUAN: UNA SENTENCIA DE 2023

En el caso de San Juan, la sentencia fue emitida el 29 de agosto de 2023. De acuerdo con la interpretación presentada por DEPAT en su alerta, la Corte IDH condenó al Estado hondureño y ordenó avanzar en la delimitación y titulación de las tierras de la comunidad.

La organización pone especial énfasis en las personas que ya habitan zonas involucradas en el conflicto y que cuentan con documentación legal.

En su publicación, DEPAT identifica como áreas vinculadas a la controversia a Nuevo San Juan, 4 de Enero, El Paraíso, Colonia Municipal, Flores del Paraíso, Villa Linda, Brisas del Mar y el sector del kilómetro 4.

Esto amplía la dimensión del problema: la discusión no se concentra únicamente en terrenos sin ocupación, sino también en sectores donde existen viviendas, propiedades y personas que reclaman derechos adquiridos.

DENUNCIAN MOVILIZACIÓN DE ACTIVISTAS DE OTRAS COMUNIDADES

Uno de los señalamientos más fuertes de la alerta de DEPAT es que dirigentes y activistas garífunas estarían movilizando personas procedentes de otras comunidades garífunas de Cortés, Colón y Atlántida hacia las zonas en conflicto.

Según la organización, estas movilizaciones estarían relacionadas con tomas de carreteras, destrucción de cultivos y despojos de tierras.

DEPAT también asegura que existen compradores de buena fe y otros habitantes que habrían sido sacados por la fuerza de propiedades que ocupaban.

Estos señalamientos corresponden a denuncias formuladas por DEPAT. El documento divulgado por la organización no incorpora expedientes judiciales, denuncias policiales, fotografías u otros elementos independientes que permitan a Contexto HN comprobar cada uno de los hechos denunciados.

TRIUNFO DE LA CRUZ TAMBIÉN ENTRA EN LA ALERTA

La campaña no se limita a San Juan. DEPAT también incluye la sentencia sobre Triunfo de la Cruz, emitida el 8 de octubre de 2015.

Según el documento, ese caso involucra las denominadas tierras ancestrales y la organización sostiene que también existen situaciones en las que deben revisarse documentos relacionados con derechos de propiedad.

DEPAT denuncia igualmente supuestos despojos contra personas no garífunas que asegura han permanecido durante décadas en determinados terrenos. La organización señala que la preocupación estaría extendiéndose hacia sectores como 15 de Septiembre y Hiland Creek, además de otras aldeas.

Nuevamente, estas acusaciones son presentadas en el documento como señalamientos de DEPAT y requieren verificación individual para establecer las circunstancias jurídicas de cada propiedad.

LAS SENTENCIAS NO AUTORIZAN DESPOJOS, SOSTIENE DEPAT

Este es uno de los mensajes centrales de la campaña.

“Las Sentencias de la Corte IDH, no promueven el despojo y tampoco faculta la invasión”, señala el documento, que atribuye al Estado la responsabilidad de resolver el conflicto.

La distinción es relevante porque una cosa es el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Honduras a partir de las sentencias y otra son las acciones que puedan realizar particulares sobre terrenos cuya propiedad o posesión continúa en controversia.

DERECHOS DE TERCEROS, UNO DE LOS PUNTOS SENSIBLES

La preocupación planteada por DEPAT se concentra precisamente en quienes aseguran haber comprado propiedades de buena fe o contar con documentación sobre terrenos incluidos en las áreas en disputa.

Por eso, la discusión no termina con determinar qué territorios deben ser delimitados o titulados. También deberá establecerse, mediante los procedimientos correspondientes, qué derechos existen sobre cada propiedad y cómo serán atendidos los reclamos de las personas involucradas.

El propio material de DEPAT advierte que el mapa incluido en su alerta es únicamente de referencia y “no constituye delimitación legal”.

DEPAT LLAMA A DOCUMENTAR Y BUSCAR ASESORÍA

Ante el escenario de incertidumbre, la organización recomienda a los habitantes conocer con precisión el alcance de las sentencias y buscar asesoría jurídica para analizar los casos concretos.

También llama a organizarse para la defensa del patrimonio, compartir información y participar dentro de las comunidades afectadas.

El punto que queda pendiente es la respuesta institucional. Corresponde al Estado avanzar en el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH y establecer los mecanismos legales para resolver las controversias existentes, evitando que las diferencias sobre la propiedad de la tierra se traduzcan en nuevos enfrentamientos en San Juan, Triunfo de la Cruz y otros sectores de la Bahía de Tela.