El presidente salvadoreño Nayib Bukele se pronunció, este día, sobre el caso del compatriota que fue enviado por error administrativo al sistema penitenciario del país, negando la posibilidad de que regrese a Estados Unidos, donde residía tras haber huido de las pandillas salvadoreñas.

El ciudadano, identificado como Kilmar Ábrego, fue trasladado desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en San Vicente, El Salvador.

Las declaraciones fueron emitidas durante la primera parte de un encuentro entre Bukele y el expresidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

“¿Cómo lo devuelvo a Estados Unidos? ¿Lo trafico hacia EE.UU.? Por supuesto que no voy a hacerlo (…) ¿Cómo puedo traficar a un terrorista hacia Estados Unidos? No tengo el poder de regresarlo», dijo Bukele ante la prensa.

Estas afirmaciones siguieron a la intervención de la fiscal general Pam Bondi, solicitada por Trump. Bondi señaló que no solo se determinó que el salvadoreño se encontraba ilegalmente en el país, sino que también era miembro de la pandilla MS-13.

«Por ahora, era un trámite adicional que necesitaba completarse; depende de El Salvador si quieren devolverlo», indicó Bondi.

La fiscal estadounidense incluso mencionó que, si el gobierno salvadoreño deseaba devolverlo, podrían “facilitar” un avión para ello.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por su parte, agregó que el caso de Ábrego constituye una acción legal dentro del proceso de deportación.

Los abogados de Kilmar Ábrego García han manifestado anteriormente su indignación ante lo que califican como la «arrogancia y crueldad» del gobierno, al que acusan de «retrasar, evadir e ignorar las órdenes judiciales, mientras la vida y seguridad de un hombre están en riesgo».

«No se tomó el tiempo necesario para considerar la posibilidad de expulsar a García», denunciaron los juristas, al recordar que fue deportado apenas 72 horas después de su arresto.

Casado con una ciudadana estadounidense, Ábrego García fue detenido el 12 de marzo por agentes migratorios y deportado tres días después, junto a más de 200 personas, a El Salvador.

La administración Trump acusó a la mayoría de los deportados de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua, declarada organización «terrorista» por Washington, aunque no se presentaron pruebas.

Posteriormente, el gobierno reconoció ante un tribunal que la deportación de Ábrego se debió a un «error administrativo».