Madrid, España
3 de noviembre de 2026

Los Presidentes de las Organizaciones Empresariales de Iberoamérica, miembros de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), reunidos en Madrid el 3 de noviembre de 2026, presentamos esta Declaración a los Jefes de Estado y de Gobierno en la XXX Cumbre Iberoamericana.

Ante un contexto de bajo crecimiento económico, fragmentación global, rápida aceleración tecnológica e incertidumbre regulatoria, afirmamos que no hay sociedades fuertes sin empresas fuertes, ni seguridad jurídica y desarrollo sostenible; sin instituciones confiables, empleo formal y diálogo social efectivo que genere confianza entre los distintos actores de la sociedad.

Con voluntad de construir una voz empresarial iberoamericana común, expresamos ante nuestros países y la comunidad empresarial iberoamericana lo siguiente:

1. Defender instituciones, no privilegios. Fortalecer las instituciones y la seguridad jurídica.

Instamos a los gobiernos a asegurar reglas claras, previsibles y aplicadas con imparcialidad, y a fortalecer la seguridad ciudadana, el Estado de Derecho y la seguridad de los ciudadanos y empresas porque la falta de certeza jurídica desincentiva la inversión y la creación de empleo formal, y sin crecimiento no hay política social sostenible. La corrupción, el crimen organizado, la extorsión y la inseguridad física erosionan la confianza y la inversión, elevan los costes de la actividad formal y debilitan la institucionalidad necesaria para el desarrollo. La democracia, el Estado de Derecho, la libertad de empresa, la propiedad privada, la libre competencia son fundamentales para el desarrollo.

2. Comunicar el valor del sector privado como motor del desarrollo social y económico.

Las empresas son motores de prosperidad, y las principales generadoras de empleo, innovación y oportunidades. Pedimos a los Gobiernos que se comprometan a fomentar el reconocimiento del sector privado al progreso social, así como su vínculo con el bienestar y desarrollo sostenible.

Para ello, alentamos a desarrollar, junto con organismos estadísticos, universidades y entidades multilaterales, metodologías que permitan medir el aporte socioeconómico directo, indirecto e inducido de la empresa —en particular de la industria y de sus encadenamientos productivos— y evaluar el impacto de las políticas públicas sobre la producción, el empleo, la inversión, las exportaciones y el desarrollo territorial. Necesitamos que los gobiernos cooperen con las organizaciones empresariales para impulsar una agenda que favorezca la percepción de la empresa y el desarrollo empresarial.

3. Preservar una representación empresarial independiente.

Las organizaciones de empleadores libres, independientes y representativas son actores clave para la gobernanza socioeconómica y la paz social. El entramado socio-productivo se fortalece cuando los gobiernos respetan y preservan su valor.

La autonomía no significa confrontación permanente ni neutralidad pasiva: significa dialogar con todos, sin expectativas de alineamientos automáticos. Instamos a los gobiernos a garantizar el pleno respeto a la libertad de asociación y a la autonomía del movimiento empresarial, no interferir, y mucho menos intimidar o amenazar, y a respetar y apoyar el movimiento asociativo empresarial libre e independiente.

4. Promover una participación pública empresarial responsable y constructiva.

Pedimos a los gobiernos que garanticen condiciones para una participación pública empresarial independiente y constructiva. En tiempos que demandan mayor capacidad de diálogo y concertación, el sector privado debe tener la libertad de cuestionar decisiones sin descalificar personas, argumentar desde su impacto sobre la inversión, el empleo y el bienestar y acompañar la crítica y la advertencia de los riesgos con propuestas y alternativas viables.

5. Impulsar la productividad y la competitividad mediante una agenda iberoamericana medible.

Instamos a los gobiernos a buscar posibles colaboraciones con organismos internacionales para generar, sobre la base de datos e indicadores comparables, un tablero regional de competitividad que permita analizar y evaluar el impacto de la presión tributaria, las regulaciones, el coste y el acceso al financiamiento empresarial, la logística, la infraestructura, la energía, la productividad, la innovación y la facilitación aduanera.

Este esfuerzo debe prestar especial atención a los sectores transables —la industria y los servicios vinculados a la producción y al comercio internacional—, que compiten con importaciones y en mercados globales con menor margen para absorber sobrecostes internos, e incluir una compilación de instrumentos aplicados con éxito a nivel internacional —como la amortización acelerada de inversiones, la devolución ágil de impuestos asociados a las exportaciones o mejores mecanismos de financiamiento productivo— que cada país pueda adaptar a su realidad.

Sus resultados deberán traducirse en hojas de ruta nacionales con objetivos concretos, responsables claramente identificados y mecanismos de seguimiento periódico.

6. Situar el empleo formal y productivo en el centro de las políticas laborales.

La informalidad sigue siendo uno de los desafíos estructurales de nuestras economías, pues limita el desarrollo económico y social, la sostenibilidad de la protección social y la cohesión de nuestros países.

Instamos a los gobiernos a concertar pactos nacionales de formalización que adapten la regulación laboral a las realidades nacionales, sectoriales y estacionales, eliminen barreras administrativas y reduzcan los costes desproporcionados de cumplimiento, con respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

Estos pactos deben impulsar la productividad y ampliar el acceso al financiamiento, la capacitación y la asistencia técnica, así como promover mecanismos de contratación y protección social adecuados a las actividades estacionales y a los distintos tamaños de las unidades productivas.

Asimismo, toda nueva regulación laboral debe someterse a una evaluación previa de su impacto en la productividad, la sostenibilidad empresarial y la generación de empleo.

7. Dar seguridad jurídica, simplificar y digitalizar para invertir y crecer.

Pedimos a los gobiernos que implementen medidas para garantizar la seguridad jurídica para invertir, operar y crecer.

La competitividad ya no se juega únicamente en los costes laborales o fiscales, sino también en la agilidad administrativa, la digitalización de trámites y la facilidad real para que una empresa —especialmente una MiPyME— pueda formalizarse, operar e internacionalizarse sin cargas desproporcionadas.

Seguridad jurídica y simplificación administrativa deben guiar la mejora regulatoria y toda reforma deberá sustentarse en diálogo previo y análisis de impacto.

8. Impulsar el talento, la empleabilidad juvenil y una transición digital inclusiva.

Es imprescindible adaptar los sistemas educativos y la formación profesional a las demandas reales del sector productivo.

El talento humano es uno de los principales motores de la productividad, la innovación y el crecimiento económico.

Pedimos a los gobiernos que impulsen sistemas educativos y de formación conectados con las necesidades del mercado de trabajo y del tejido productivo, que fortalezcan la formación técnico-profesional, el aprendizaje permanente.

En este sentido, instamos a los gobiernos a respaldar e implementar la Declaración Tripartita Iberoamericana sobre Formación Profesional, adoptada en 2025 en el marco de OIT/Cinterfor, como referencia común para articular la formación profesional con las estrategias de desarrollo productivo, acompañar a las MiPyME y anticipar las nuevas competencias, con participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en todo el ciclo de esas políticas.

La inteligencia artificial y la digitalización deben contribuir a elevar la productividad y cerrar brechas de competencias; ello exige el desarrollo de capacidades digitales, ciberseguridad, marcos claros y proporcionados para su uso responsable.

9. Profundizar la integración productiva iberoamericana.

Nuestra ventaja reside en la proximidad cultural y lingüística, la confianza y el potencial para fortalecer las cadenas regionales de valor, mediante la facilitación aduanera, la eliminación de barreras no arancelarias y la mejora de la infraestructura logística.

Instamos a los gobiernos a avanzar en la facilitación comercial, la interoperabilidad digital, la infraestructura logística, la complementariedad productiva, la internacionalización de las MiPyME y la integración energética, para reducir vulnerabilidades y diversificar nuestras economías y reforzar la voz empresarial iberoamericana en un entorno global fragmentado.

10. Acelerar una transición sostenible compatible con la competitividad y el empleo.

La seguridad alimentaria, la transición energética, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático requieren colaboración público-privada, acceso a financiamiento e incentivos adecuados que permitan a las empresas —en particular a las MiPyME— adoptar tecnologías y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales.

La transición debe sustentarse en la viabilidad económica, en incentivos de mercado, acceso a financiamiento y en el respeto a las distintas realidades productivas de cada país.

Pedimos a los gobiernos políticas previsibles, proporcionales y adaptadas a las distintas realidades productivas, compatibles con una transición que preserve el tejido productivo y genere nuevas oportunidades.

Estas políticas deberán apoyarse en evidencia técnica y científica y reconocer las particularidades de la producción agropecuaria, su contribución a la seguridad alimentaria y su exposición a riesgos climáticos.

La transición deberá acompañarse de plazos de adaptación viables, asistencia técnica y financiación accesible, evitando cargas desproporcionadas que comprometan la continuidad productiva y el empleo formal.

11. Fortalecer el diálogo social para construir acuerdos y mejores políticas públicas.

El diálogo social no es un principio abstracto, ni un fin en sí mismo, sino una herramienta para alcanzar acuerdos verificables.

Debe contribuir a construir mejores políticas públicas, anticipar sus impactos y encauzar la discrepancia mediante propuestas concretas y voluntad de acuerdo.

Solicitamos a los gobiernos establecer espacios permanentes de diálogo bipartito y tripartito, adaptados a las realidades nacionales y respetuosos de la autonomía de las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores.

Su participación efectiva y equilibrada debe abarcar el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de leyes, políticas y proyectos, incluidos los de organismos internacionales dentro de sus mandatos, y contar con información suficiente, evaluación de impacto y seguimiento.

La colaboración con otros actores no debe sustituir a los interlocutores sociales ni diluir su representación.

Los acuerdos y divergencias deben documentarse, sin presumir respaldo institucional por la mera participación.

Conclusión y compromiso institucional

Las organizaciones empresariales iberoamericanas reiteramos nuestra disposición a colaborar con las instituciones públicas y la sociedad para promover reformas que impulsen la inversión, la productividad y el empleo formal.

Pedimos a los gobiernos que, frente a la polarización, promuevan un diálogo independiente, técnico, riguroso y constructivo; que frente a la incertidumbre desarrollen alternativas de políticas públicas eficaces y marcos regulatorios claros, previsibles y proporcionados; y a que ante los desafíos de nuestro tiempo fortalezcan la confianza, y las condiciones para un futuro de progreso en toda Iberoamérica.