El gobierno de El Salvador, liderado por el presidente Nayib Bukele, recibirá a aproximadamente 300 presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en Tecoluca. Este acuerdo se realiza en el marco de un convenio con el gobierno de Estados Unidos, que pagará 6 millones de dólares para cubrir los costos de encarcelamiento durante un año.

La decisión se tomó tras conversaciones entre el presidente Bukele y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quienes discutieron la posibilidad de alojar a migrantes detenidos en Estados Unidos en instalaciones salvadoreñas. Este acuerdo representa una de las primeras ocasiones en que El Salvador acepta migrantes provenientes de Estados Unidos, incluyendo a ciudadanos estadounidenses, aunque estos últimos no pueden ser deportados a otro país.

El CECOT, una prisión de alta seguridad construida durante la ofensiva del gobierno de Bukele contra las pandillas, ha sido el centro de una política de mano dura que ha llevado al arresto de más de 84,000 personas desde 2022, muchas de ellas sin el debido proceso. El acuerdo incluye un costo aproximado de 20,000 dólares por cada prisionero alojado durante un año, y se ha sugerido que Estados Unidos podría destinar hasta 15 millones de dólares adicionales para futuras transferencias de miembros de la pandilla.

El Tren de Aragua, una organización criminal originada en una prisión de Venezuela, ha sido designada como «organización terrorista extranjera» por el gobierno de Estados Unidos. Esta pandilla ha ganado notoriedad internacional debido a su expansión junto con la migración masiva de venezolanos en los últimos años, impulsada por la crisis económica en su país de origen. Aunque el gobierno venezolano afirma haber desmantelado la organización, autoridades en varios países han reportado detenciones de sus miembros.

El acuerdo también incluye la aceptación por parte de El Salvador de dos presuntos miembros de la pandilla MS-13, una organización criminal con raíces en la migración salvadoreña a Estados Unidos. Este movimiento se enmarca en la política de «tolerancia cero» del gobierno de Trump hacia la inmigración irregular y las pandillas transnacionales.

Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha emitido comentarios oficiales sobre este acuerdo, mientras que las autoridades estadounidenses continúan defendiendo su postura de que los venezolanos deportados, incluidos aquellos enviados a la base naval de Guantánamo en Cuba, están vinculados al Tren de Aragua, aunque han proporcionado pocas pruebas concretas para respaldar estas afirmaciones.

Este acuerdo refuerza la colaboración entre Estados Unidos y El Salvador en materia de seguridad, aunque también plantea interrogantes sobre los derechos de los detenidos y el impacto de estas políticas en la región.