El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien gobernó el país entre 2016 y 2022, compareció esta semana ante la Corte Penal Internacional (CPI) acusado de crímenes de lesa humanidad, en relación con la sangrienta guerra contra las drogas que caracterizó su mandato.

Esta audiencia marca un hito en el escrutinio internacional sobre las políticas brutales que dejaron miles de muertos y generaron una ola de críticas por violaciones a los derechos humanos.

La guerra contra las drogas: una política de muerte

Duterte llegó al poder en 2016 con una campaña centrada en combatir el crimen y las drogas, problemas que los filipinos consideraban como los más urgentes del país. Con un discurso populista y punitivo, prometió erradicar el narcotráfico y la adicción a través de medidas extremas.

En sus propias palabras, llegó a compararse con Adolf Hitler, afirmando que estaría «feliz de masacrar» a los tres millones de drogadictos que, según él, existían en Filipinas.

Una vez en el cargo, Duterte implementó una política de «disparar a matar» contra sospechosos de estar involucrados en el mundo de las drogas. En sus primeros 100 días, se estima que alrededor de 3.700 personas perdieron la vida, según organizaciones no gubernamentales.

Al final de su mandato, las cifras oficiales reportaron 6.200 muertes, aunque grupos de derechos humanos elevaron la cifra a 27.000, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y operaciones de grupos parapoliciales.

Ejecuciones extrajudiciales y «listas de la muerte»

Las ejecuciones solían ocurrir en callejones oscuros, a manos de individuos no identificados. Muchas de las víctimas, según testimonios de familiares, no tenían vínculos con las drogas, sino que simplemente estaban «en el lugar equivocado, en el momento equivocado».

La policía justificaba estos actos alegando que los sospechosos habían opuesto resistencia, un argumento que organizaciones como Amnistía Internacional calificaron como un «guion» repetitivo y carente de credibilidad.

Además, las autoridades utilizaban «listas de control de drogas», compuestas por nombres de presuntos consumidores, traficantes o protectores del narcotráfico. Estas listas, elaboradas sin ningún proceso legal, servían como directrices para las operaciones policiales y perpetuaban un sistema de vigilancia y peligro, especialmente en comunidades pobres y marginadas.

Una vez en la lista, no había forma de salir de ella, lo que convertía a las personas en objetivos permanentes.

Duterte y la Corte Penal Internacional

En 2019, Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, en un intento por evadir la jurisdicción internacional. Sin embargo, esta decisión no afecta los crímenes cometidos antes de esa fecha. En 2021, la CPI anunció una investigación formal contra el exmandatario, y esta semana Duterte compareció por videoconferencia desde los Países Bajos, donde fue trasladado tras ser detenido.

Durante la audiencia, Duterte mostró una actitud desafiante. «Nunca, nunca me disculparé por las muertes», declaró en enero de 2022, y esta semana reafirmó su postura, asumiendo la responsabilidad por las acciones de las fuerzas de seguridad bajo su mandato.

Su abogado, Salvador Medialdea, argumentó que Duterte fue «secuestrado» de su país y sometido a una «extradición extrajudicial».

Próximos pasos

La CPI ha fijado el 22 de septiembre como fecha para la siguiente fase del proceso. Mientras tanto, el caso de Duterte sigue generando controversia, no solo por las atrocidades cometidas durante su mandato, sino también por las implicaciones que este juicio podría tener para otros líderes que han utilizado tácticas similares en nombre de la «seguridad» y el «orden».

La comparecencia de Duterte ante la CPI representa un momento crucial en la lucha por la justicia internacional y los derechos humanos, recordando que incluso los líderes más poderosos pueden ser llamados a rendir cuentas por sus acciones.