Una jueza de Guatemala ordenó este viernes (21.04.2023) enviar a juicio por presunta revelación de información confidencial a la exfiscal antimafias Virginia Laparra, sentenciada en diciembre por abuso de autoridad en un caso que generó críticas de la comunidad internacional.

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«Se ordena aperturar a debate oral y público», dijo la jueza Carmen Acú al finalizar una audiencia en la ciudad de Quetzaltenago, unos 200 kilómetros por carretera al oeste de Ciudad de Guatemala.

Laparra, quien era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Quetzaltenango cuando fue detenida en febrero del año pasado, es señalada por el Ministerio Público de haber filtrado a la prensa información bajo reserva de un caso de corrupción.

El proceso es el segundo que enfrentará la exfiscal, que el pasado 16 de diciembre fue sentenciada por un tribunal capitalino a cuatro años de prisión conmutables al encontrarla culpable de abuso de autoridad, en un polémico y acelerado juicio que duró 18 días

Según esa sentencia, la fiscal no tenía atribuciones para denunciar a un juez que fue investigado por la acusada.

«El enjuiciamiento selectivo de actores de la justicia y los medios socava el Estado de derecho, la democracia y la prosperidad de Guatemala», escribió en Twitter tras el veredicto el portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price.

«Violaciones a derechos humanos»

El caso abierto por revelación de información le ha impedido a Laparra salir de prisión, pues la pena de cuatro años impuesta en diciembre es conmutable y le permite obtener su libertad con el pago de una fianza.

Amnistía Internacional señaló este viernes en un comunicado que «las arbitrariedades y violaciones a derechos humanos que se siguen dando en los dos procesos que enfrenta (la exfiscal) siguen confirmando la intención de castigarla por su trabajo como fiscal anticorrupción».

La detención de Laparra se suma a procesos penales abiertos contra varios exfiscales y jueces que investigaron casos de corrupción, la mayoría destapados en los últimos cuatro años de misión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU que funcionó entre 2007 y 2019.

Los procesos, la mayoría por presunto abuso de autoridad, son impulsados por el Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras, incluida por Washington en 2021 y 2022 en una lista de personas implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia en Centroamérica. (dw)