El presidente José Raúl Mulino ordenó la expulsión inmediata de los ingenieros chinos involucrados en la agresión contra un trabajador panameño dentro del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal, un incidente que reavivó tensiones laborales y volvió a colocar bajo escrutinio al consorcio chino responsable de la megaobra.

“Panamá es un país abierto, pero los extranjeros deben cumplir la ley, tener permiso de trabajo y respetar nuestros valores”, declaró Mulino al anunciar la cancelación del estatus migratorio de los involucrados. El mandatario recordó que su administración ya ha deportado a extranjeros por agresiones similares y advirtió que no tolerará abusos contra trabajadores nacionales.

El incidente que detonó la crisis

El hecho ocurrió el 22 de mayo, en el área este del proyecto. Según reportes de sindicatos y trabajadores, un colaborador de nacionalidad china agredió físicamente a un ingeniero panameño durante la jornada laboral. La situación generó momentos de tensión entre obreros y representantes sindicales, quienes exigieron acciones inmediatas.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) evacuó al agresor y anunció su despido bajo una política de “cero tolerancia” frente a actos de violencia.

Reacción del Gobierno y medidas laborales

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, envió inspectores al sitio para documentar lo ocurrido y remitir los informes a la Secretaría Judicial.

“No vamos a permitir maltrato ni atropellos contra trabajadores panameños. Panamá está abierto a la inversión, pero nunca a costa de la dignidad de nuestra gente”, afirmó.

Muñoz aseguró que el Ministerio mantendrá vigilancia permanente sobre el proyecto para verificar el cumplimiento de normas laborales, el respeto a la mano de obra nacional y condiciones dignas para los trabajadores.

Un proyecto estratégico bajo presión

El Cuarto Puente, adjudicado en 2018 al CPCP —integrado por China Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD— registra un avance cercano al 35%. La obra incluye:

• Un puente atirantado de 965 metros
• Torres de hasta 186 metros
• Dos viaductos de 2.5 km
• Intercambiadores que conectarán con el Corredor Norte, Omar Torrijos, La Amistad y la Panamericana

Con un costo superior a $2,387 millones, el proyecto busca aliviar la carga vehicular sobre los puentes de las Américas y Centenario, y mejorar la conexión con Panamá Oeste.

Sin embargo, el consorcio enfrenta desde hace meses denuncias por irregularidades laborales y migratorias, incluyendo presunta contratación excesiva de personal extranjero, pese a que la ley exige que al menos 90% de la planilla sea panameña.

En abril de 2026, una inspección sorpresa detectó 37 trabajadores extranjeros presuntamente en condición irregular, lo que derivó en sanciones por trato desigual y fallas de seguridad laboral.

Contexto diplomático sensible

El incidente ocurre mientras Panamá y China intentan reducir tensiones derivadas de la crisis por los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional el contrato de concesión con Panama Ports Company, filial de la hongkonesa CK Hutchison.

En este escenario, la decisión de expulsar a ingenieros chinos envía una señal política contundente sobre la postura del Gobierno frente al respeto de las leyes laborales, incluso dentro de proyectos estratégicos financiados con capital extranjero.

Un debate que vuelve a la superficie

Mientras avanzan las investigaciones administrativas y judiciales, el caso reabre el debate sobre:

• El rol de la mano de obra extranjera en megaproyectos
• El cumplimiento de normas laborales y migratorias
• La relación entre inversión internacional y protección de los trabajadores panameños

La agresión y la respuesta del Gobierno colocan nuevamente al Cuarto Puente en el centro de la discusión pública sobre transparencia, soberanía laboral y supervisión estatal.