Washington D.C., EE. UU. El gobierno del presidente Donald Trump ha ordenado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que pause las redadas discrecionales contra migrantes en las industrias agrícola y hotelera. La decisión, confirmada por funcionarios estadounidenses y adelantada este viernes por The New York Times, sugiere una preocupación por la creciente impopularidad de estas operaciones y su impacto en sectores económicos clave.

Preocupación Electoral y Daño a Industrias Clave

Según un correo electrónico al que tuvo acceso el rotativo, se ha instruido a ICE a «suspender todas las investigaciones/operaciones de cumplimiento de la ley en centros de trabajo en sector de agricultura (incluyendo acuicultura y plantas empacadoras de carne), restaurantes y hoteles”.

Esta medida llega tras más de una semana de intensas protestas en Los Ángeles contra la política migratoria del gobierno. Además, el propio presidente Trump admitió que las redadas estaban afectando al sector agrícola, que en estados como California depende casi exclusivamente de la mano de obra inmigrante. La decisión apunta a que la campaña de arrestos a gran escala estaba perjudicando a industrias y a circunscripciones electorales cuyo apoyo Trump busca conservar de cara a las legislativas del próximo año.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, confirmó que se obedecerán «las instrucciones del presidente» y que la cartera seguirá «trabajando para sacar de las calles de Estados Unidos a los peores delincuentes extranjeros ilegales».

Contexto de una Política Migratoria Agresiva

Desde su retorno a la Casa Blanca en enero, el gobierno de Trump ha implementado una agresiva política de mano dura contra la inmigración. Recientemente, responsables de su Gabinete mantuvieron una reunión con la cúpula de ICE para ordenarles que llevaran a cabo hasta 3,000 arrestos al día, un mandato que parece haber estado detrás de la intensificación de las redadas.

Esta pausa, aunque focalizada, representa un ajuste en la estrategia de aplicación de la ley migratoria, evidenciando la tensión entre la retórica de mano dura y las realidades económicas y políticas en el país.