El ministro asesor legal de la Presidencia, Roberto Zacapa, confirmó que el gobernante decidió modificar la integración del Consejo Superior para asumir personalmente su presidencia.

Zacapa explicó que esta instancia constituye el principal órgano de decisión para la estructuración de proyectos bajo el modelo de alianzas público-privadas.

La reforma también incorpora a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), dirigida por Aníbal Ehrler, que tendrá un papel relevante en la coordinación y evaluación de las iniciativas.

Además, la Unidad Técnica de Evaluación y Propuesta de Proyectos de Alianzas Público-Privadas (UTEP-APP) pasará a formar parte de la estructura de la SIT.

REACTIVACIÓN BUSCA ATRAER INVERSIÓN PRIVADA

El Gobierno sostiene que la reactivación del Consejo permitirá impulsar proyectos de infraestructura, atraer capital privado y agilizar los procedimientos administrativos necesarios para desarrollar nuevas inversiones.

Según Zacapa, durante 2026 se han presentado distintas iniciativas empresariales interesadas en participar en proyectos públicos, por lo que el Ejecutivo considera necesario fortalecer los mecanismos institucionales para evaluarlas.

El decreto también contempla la preparación de reformas destinadas a simplificar los procesos de estructuración de proyectos APP, tanto nacionales como municipales.

Sin embargo, la reactivación del organismo no implica que existan nuevos contratos adjudicados ni inversiones comprometidas.

NUEVAS FUNCIONES REABREN DEBATE SOBRE CONCENTRACIÓN DE PODER

La decisión coloca nuevamente sobre la mesa el debate sobre la acumulación de responsabilidades en la Presidencia de la República.

Además de dirigir el Ejecutivo, Asfura mantiene responsabilidades directas en el sector Salud y una participación cercana en la conducción de las políticas de infraestructura.

Ahora, con la presidencia del Consejo Superior APP, también encabezará una instancia estratégica para definir el rumbo de proyectos que requieren participación del capital privado.

Esta reorganización plantea interrogantes sobre la distribución de responsabilidades entre las instituciones gubernamentales y los mecanismos de supervisión de las inversiones públicas.

¿QUÉ SIGUE PARA LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS?

Tras la aprobación del decreto, las instituciones involucradas deberán implementar los cambios administrativos y avanzar en la formulación de los procedimientos para presentar, evaluar y estructurar proyectos.

Entre los principales desafíos estarán garantizar procesos transparentes, establecer criterios técnicos para seleccionar inversiones y definir responsabilidades financieras entre el Estado y las empresas participantes.

La efectividad del nuevo esquema dependerá de que los proyectos se traduzcan en obras concretas, generación de empleo y beneficios para la población, sin comprometer indebidamente los recursos públicos.

CHICO PROPONE FORTALECER ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS DURANTE FORO DE INFRAESTRUCTURA 2026

La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO) considera necesario impulsar mecanismos alternativos de financiamiento que permitan ejecutar proyectos prioritarios y generar nuevas oportunidades de empleo a nivel nacional.

En una entrevista a CONTEXTOHN, el presidente de la CHICO, Arnaldo Martínez, destacó la importancia de fortalecer las alianzas público-privadas (APP) como una herramienta para atraer inversiones y acelerar el desarrollo de obras estratégicas.

Durante una entrevista en el marco de la cuarta edición del Foro de Infraestructura 2026, desarrollado bajo el lema Proyectos que transformarán a Honduras: Prioridades para el desarrollo del Valle de Sula, Martínez señaló que el encuentro permitió conocer experiencias internacionales sobre modelos de financiamiento.

El dirigente empresarial explicó que las exposiciones de especialistas chilenos aportaron conocimientos sobre mecanismos innovadores para financiar proyectos de infraestructura sin depender exclusivamente de los recursos estatales.

Martínez considera que Honduras debe aprovechar estas experiencias y dar seguimiento a las propuestas para convertirlas en inversiones concretas.

Recordó que el país ya cuenta con antecedentes de proyectos desarrollados mediante alianzas público-privadas, entre ellos el Centro Cívico Gubernamental (CCG), que concentra varias dependencias estatales.

«Cuando las cosas hay tienen sus reglas claras y son transparentes, no deberíamos de tener problemas, porque el Centro Cívico Gubernamental es una obra de APP y de un proyecto insigne», destacó Martínez.

A su criterio, este modelo puede contribuir a reducir determinados gastos del Estado y facilitar la construcción de infraestructura, siempre que existan reglas claras y transparencia en los procesos.

También planteó la posibilidad de realizar ajustes a la legislación que regula las alianzas público-privadas para facilitar su implementación.