*** Además gastos injustificados y ausencia de auditoría

El presidente de la Comisión Liquidadora de la Secretaría de Planificación, Leonel Núñez, expuso una serie de hallazgos que, según afirmó, evidencian graves fallas administrativas y financieras dentro de la institución actualmente en proceso de cierre. Las denuncias abarcan desde un supuesto sistema de monitoreo digital hasta pagos millonarios sin justificación documental.

Núñez aseguró que durante la revisión se identificó un mecanismo de espionaje digital capaz de rastrear palabras clave utilizadas por usuarios en redes sociales, enviando esa información a un servidor interno. Según su testimonio, este sistema habría sido utilizado para identificar y atacar a personas desde plataformas digitales administradas por la institución. También mencionó la existencia de call centers operando desde la Secretaría.

Otro de los puntos señalados por la Comisión es el gasto irregular en servicios de alimentación. Núñez detalló que en un solo día del mes de diciembre se facturaron 175 desayunos, 175 almuerzos y 175 cenas, por un monto que superó los 230 mil lempiras, sin evidencia de a quiénes se entregaron los alimentos ni documentación que justificara la compra.

Contratos profesionales con montos elevados

La revisión también detectó una gran cantidad de contratos por servicios profesionales, algunos vinculados a periodistas y otros a personas sin ese perfil. Los montos oscilaban entre 27 mil y 598 mil lempiras mensuales, cifras que, según Núñez, carecen de auditoría previa y de controles internos adecuados.

El presidente de la Comisión subrayó que la Secretaría manejaba más de mil millones de lempiras anuales, pese a lo cual —según afirmó— no existía auditoría interna, ni mecanismos de transparencia que permitieran supervisar el uso de los recursos públicos.

Núñez aclaró que su función se limita al proceso de liquidación de la institución. La investigación formal de los hallazgos corresponderá al Tribunal Superior de Cuentas, que deberá determinar si existen responsabilidades administrativas o penales derivadas de las presuntas irregularidades.