A seis meses de su aprobación, la Ley de Empleo a Tiempo Parcial entra en una etapa de revisión. El Congreso Nacional espera recibir propuestas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) para determinar qué modificaciones necesita una normativa que nació con el objetivo de formalizar jornadas reducidas y ampliar las oportunidades de empleo.

El diputado liberal Alberto Cruz, presidente de la Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales, informó que recibió instrucciones del presidente del Congreso, Tomás Zambrano, para acelerar el proceso de consulta y presentar posibles reformas. El Legislativo había anunciado esta semana que revisaría la ley ante solicitudes de cambios planteadas por distintos sectores.

Cruz anunció una reunión con representantes empresariales para conocer directamente sus planteamientos y posteriormente trasladarlos a otros actores relacionados con el mercado laboral.

LA LEY PODRÍA AMPLIARSE AL SECTOR PÚBLICO

Uno de los cambios que entra en discusión es el alcance de la normativa.

La ley aprobada el 25 de marzo estableció un régimen de empleo a tiempo parcial dirigido exclusivamente al sector privado.

Cruz indicó ahora que entre las propuestas a discutir se encuentra permitir su aplicación en alcaldías y entidades del sector público.

El planteamiento representaría un cambio importante respecto del diseño original de la legislación, por lo que deberá pasar primero por el análisis de la comisión legislativa.

Posteriormente, las propuestas serán socializadas con las centrales obreras, la Secretaría de Trabajo y la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), según explicó el congresista.

UNA LEY QUE BUSCABA FORMALIZAR EL TRABAJO PARCIAL

La normativa fue aprobada como una alternativa para regular relaciones laborales que ya funcionaban mediante jornadas reducidas. Antes de su aprobación, el proyecto contemplaba contratos formales de entre 18 y 32 horas semanales, manteniendo derechos laborales y acceso a protección social.

Sin embargo, desde su discusión inicial existieron diferencias entre empresarios, diputados y organizaciones sindicales sobre la forma en que debía funcionar.

Las centrales obreras expresaron preocupaciones por una eventual precarización de los ingresos, mientras los promotores de la legislación argumentaron que permitiría formalizar trabajadores que ya laboraban parcialmente sin contratos ni protección social.

EL 78 % QUE MARCA EL DEBATE

Cruz volvió a colocar como argumento central el nivel de precariedad laboral existente en Honduras.

El diputado sostiene que alrededor del 78 % de las personas que trabajan enfrenta condiciones de precariedad, entre ellas ausencia de contrato, seguridad social u otras garantías laborales. Esa cifra ha sido utilizada por Cruz durante la discusión de la normativa, aunque otras fuentes la han presentado con universos y definiciones distintas, por lo que debe entenderse como una estimación citada en el debate legislativo y no como una medición única de todas esas carencias.

Cruz también afirma que más de medio millón de personas trabajan actualmente mediante jornadas parciales, aunque no necesariamente todas se encuentran registradas bajo la nueva ley.

Ese punto ya había generado cuestionamientos. En junio, el legislador reconoció que, pese a la existencia de trabajadores con jornadas parciales, algunas empresas no estaban registrando los contratos correspondientes ante la Secretaría de Trabajo