El Congreso Nacional aprobó un decreto que otorga una medida transitoria a los candidatos a alcaldes y diputados que participaron en las elecciones primarias y generales de 2025 y que no cumplieron con las obligaciones establecidas en la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.

La disposición permite suspender temporalmente la aplicación de multas, sanciones administrativas y otras responsabilidades legales derivadas de la falta de presentación de informes financieros o de la no apertura de cuentas bancarias destinadas al manejo de fondos de campaña.

La medida está dirigida a los aspirantes que no entregaron a tiempo la documentación requerida por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Política Limpia, encargada de supervisar el origen y uso de los recursos en campañas políticas.

Sin embargo, el decreto no elimina la obligación de rendir cuentas. Los beneficiarios deberán presentar los informes pendientes dentro del nuevo plazo que establezca la UFTF para poder acogerse al beneficio.

“No es una amnistía”, aclara el proyectista

El diputado Alberto Cruz, autor de la iniciativa, subrayó que la medida no constituye una exoneración definitiva.

“No es una exoneración, es una medida transitoria. El pueblo hondureño tiene derecho a saber en qué se invierte el dinero en campaña y de dónde provienen los ingresos”, afirmó.

Cruz explicó que muchos candidatos —especialmente quienes no resultaron favorecidos en las primarias— dejaron de presentar sus informes financieros, lo que impide a Política Limpia conocer el origen de los fondos utilizados.

Documentación obligatoria

Quienes se acojan al decreto deberán entregar:

• Balances generales
• Estados de resultados
• Documentos de respaldo que permitan verificar ingresos y gastos de campaña

La UFTF definirá el plazo y los requisitos específicos para regularizar la situación.

El diputado advirtió que quienes no cumplan con el nuevo plazo perderán automáticamente el beneficio y quedarán sujetos a las sanciones previstas en la ley, incluidas multas económicas y procesos administrativos.

“Es una oportunidad para ponerse al día. Si no presentan sus informes, serán multados y procesados”, reiteró.

Cruz señaló que una parte importante de los afectados son ciudadanos del interior del país, muchos de ellos sin conocimientos técnicos sobre los procedimientos de liquidación financiera.

Según el congresista, algunos excandidatos podrían enfrentar multas de hasta 90 mil lempiras, pese a haber realizado campañas de bajo costo o haber integrado planillas sin manejar recursos directamente.