El Congreso Nacional aprobó un decreto que permite trasladar a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) los fondos financieros incautados y administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), incluso cuando todavía no exista una sentencia firme de privación de dominio o decomiso.

La medida busca agilizar la disponibilidad de recursos para fortalecer las instituciones encargadas de combatir la criminalidad, entre ellas las secretarías de Seguridad y Defensa, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

El decreto, enviado por el Poder Ejecutivo, fue aprobado con dispensa de un debate a solicitud de la diputada nacionalista Tania Pinto.

FONDOS DEBERÁN TRASLADARSE EN 30 DÍAS

La normativa establece que el dinero en efectivo, depósitos bancarios, títulos valores, inversiones e intereses bajo custodia de la OABI deberán transferirse a la Cuenta Única del Tesoro.

La Secretaría de Finanzas tendrá un plazo de 30 días, a partir de la vigencia del decreto, para ejecutar el traslado en coordinación con la OABI y las instituciones financieras.

Los recursos podrán destinarse a organismos de seguridad, investigación y justicia, que también estarán autorizados a utilizar procedimientos especiales de contratación para adquirir bienes, obras y servicios.

ADVIERTEN SOBRE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

El diputado de Libre, Marco Ramiro Lobo, expresó preocupación por el uso de bienes incautados antes de que exista una resolución judicial definitiva.

Aunque reconoció la finalidad del decreto, pidió respetar la presunción de inocencia y las garantías legales de los propietarios.

Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que el mecanismo contempla garantías para restituir los fondos cuando los tribunales ordenen su devolución.

ESTADO DEBERÁ DEVOLVER LOS RECURSOS

La legislación establece que los activos financieros deberán mantenerse identificados y que el Estado garantizará su restitución íntegra en un plazo de tres meses cuando exista una resolución judicial que así lo ordene.

Zambrano explicó que Finanzas respaldará la devolución de los recursos y sus respectivos intereses, en los casos que corresponda.

El decreto también excluye expresamente los fondos incautados relacionados con la empresa Koriun del mecanismo de utilización anticipada.

La nueva disposición forma parte de las reformas impulsadas por el Congreso para fortalecer el financiamiento de las instituciones de seguridad y justicia frente al crimen organizado.