El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la paralización del proceso judicial contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, acusado de presuntos delitos relacionados con ataques y estigmatización contra periodistas.

El presidente del CPH, Juan Carlos Sierra, expresó su preocupación durante una sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

Sierra señaló que el expediente permanece detenido en una instancia de la Corte Suprema de Justicia, situación que, a criterio del gremio, genera preocupación por el acceso a la justicia y las garantías para ejercer el periodismo.

DENUNCIAN ESTIGMATIZACIÓN CONTRA PERIODISTAS

El dirigente recordó que varios comunicadores, entre ellos Rodrigo Wong Arévalo, Dagoberto Rodríguez, José Adán López y él mismo, denunciaron haber sido señalados como sicarios de la verdad mediante publicaciones difundidas en un medio de comunicación militar.

El Ministerio Público presentó una acusación contra Hernández por los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales.

Tras la audiencia de imputado, el juez dictó medidas distintas a la prisión, por lo que Hernández enfrenta el proceso en libertad, sujeto a las disposiciones judiciales correspondientes.

COSSETTE LÓPEZ ADVIERTE SOBRE LA IMPUNIDAD

Durante la sesión, la embajadora de Honduras ante la OEA, Cossette López, advirtió que la falta de justicia frente a las agresiones contra periodistas fomenta la autocensura y debilita la democracia.

La diplomática destacó la necesidad de investigar las denuncias con independencia, transparencia y celeridad, garantizando el debido proceso.

El CPH también alertó sobre las campañas de desprestigio, amenazas y agresiones que enfrentan los comunicadores hondureños.

Finalmente, el gremio pidió fortalecer los mecanismos de protección y garantizar que las denuncias contra periodistas reciban una respuesta efectiva de las autoridades judiciales.