• DEPAT pide que propietarios y pobladores también sean escuchados por la CSJ
• Piden equilibrio entre derechos garífunas y propiedad privada

La organización Defensores de la Paz en Tela (DEPAT) solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ser incorporada a los espacios donde se analiza el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) relacionadas con las comunidades garífunas de San Juan y Triunfo de la Cruz, al considerar que la solución de los conflictos territoriales también debe escuchar a propietarios y pobladores no garífunas afectados.

En un documento fechado el 19 de agosto de 2026 y dirigido al presidente de la CSJ, Warner Vallecillo Paredes, DEPAT pide ser tomada en cuenta como integrante de la Comisión de Alto Nivel o de cualquier otra instancia que aborde el cumplimiento de esas sentencias.

La organización sostiene que la controversia territorial se ha extendido hacia otras comunidades de Tela y afirma que existen pobladores no garífunas que enfrentan problemas relacionados con sus propiedades, viviendas y proyectos.

Su planteamiento central es que el cumplimiento de las sentencias internacionales no debe realizarse escuchando únicamente a una de las partes, sino incorporando a los diferentes sectores cuyos derechos pueden verse afectados por las decisiones que adopte el Estado.

“Solicitamos que nuestra organización DEPAT sea tomada en cuenta como miembro en la Comisión de Alto Nivel o cualquier otra que trate sobre el cumplimiento de las sentencias”, señala la petición entregada a la CSJ.

DEPAT argumenta que su incorporación permitiría representar a pobladores de Tela que consideran amenazados sus derechos y contribuiría a que el Estado garantice los derechos humanos “sin distinciones de ninguna clase”.

El otro componente del fallo de San Juan

El reclamo de los Defensores de la Paz encuentra un punto relevante en la propia sentencia emitida por la Corte IDH sobre San Juan el 29 de agosto de 2023.

Aunque el Tribunal declaró responsable a Honduras por vulneraciones a los derechos territoriales de la comunidad garífuna de San Juan, también examinó la existencia de propiedades pertenecientes a terceros y estableció que los derechos colectivos y particulares deben ponderarse.

En el párrafo 205, la Corte dejó establecido: “Esto no significa que siempre deba prevalecer la propiedad comunitaria indígena sobre la particular”.

La Corte determinó que no era posible ordenar la restitución material de las 674.69 hectáreas reconocidas por el Estado porque ello supondría: “la expropiación y desalojo de las 7620 personas no garífunas que habitan en esa área”.

Tierras alternativas o indemnización

El Tribunal ordenó al Estado hondureño proporcionar a San Juan tierras alternativas de igual extensión y de igual o mayor calidad, descontando aproximadamente 63 hectáreas que ya habían sido tituladas a favor de la comunidad.

La sentencia contempla además una compensación económica correspondiente al valor de los territorios no otorgados si la comunidad opta por esa alternativa.

Dentro de sectores de propietarios de Tela también existe la posición de que la jurisprudencia y las escrituras públicas deben ser consideradas al resolver las controversias y que el fallo de San Juan no estableció que todo el territorio discutido sea de uso exclusivo de la comunidad garífuna.

Ese planteamiento coincide en un punto con lo establecido por la Corte: no todas las propiedades particulares pueden declararse automáticamente legítimas, pero tampoco todos los derechos de terceros pueden desconocerse de manera general. La situación de cada propiedad requiere analizar su origen, fecha, cadena de dominio y documentación registral.

DEPAT pide un lugar en la mesa

La organización considera que propietarios, residentes y otros sectores afectados deben tener representación cuando el Estado determine cómo cumplirá las sentencias internacionales y cómo resolverá las consecuencias territoriales que permanecen pendientes.

En su petición a la CSJ, DEPAT advierte sobre desplazamientos, afectaciones a viviendas y paralización de proyectos, señalamientos que corresponden a la posición de la organización y que requerirán ser establecidos individualmente en cada caso.

Para DEPAT, cumplir la sentencia de la Corte IDH y reconocer los derechos históricos de las comunidades garífunas no son incompatibles con garantizar los derechos legítimamente adquiridos por terceros. Su petición es que, antes de tomar decisiones que puedan incidir sobre unos u otros, todos tengan la oportunidad de ser escuchados.