El abogado Ramiro Medina denunció que durante la última semana se registraron cinco presuntas invasiones de terrenos en Tela, Atlántida, una situación que, según advirtió, está generando incertidumbre jurídica entre los propietarios y desalentando las inversiones en el sector turístico y productivo de la zona.

Medina aseguró que una de las ocupaciones ocurrió en un área productiva, mientras que las otras cuatro se localizaron en sectores de San Juan y Triunfo de la Cruz, comunidades donde persisten conflictos relacionados con la propiedad y los derechos territoriales.

El profesional del derecho cuestionó la respuesta de las instituciones encargadas de atender las denuncias y pidió una intervención para establecer con claridad los límites de las áreas comprendidas en las resoluciones judiciales.

DENUNCIAN OCUPACIONES FUERA DE LOS LÍMITES JUDICIALES

Medina sostuvo que algunas de las propiedades ocupadas se encuentran fuera de los perímetros contemplados en las sentencias relacionadas con los conflictos territoriales de la zona.

A su criterio, esta situación afecta a propietarios particulares y genera nuevas controversias sobre la tenencia de la tierra.

El abogado considera necesario que las autoridades realicen una delimitación precisa de los territorios comprendidos en las resoluciones judiciales y determinen la situación legal de las propiedades en disputa.

Las comunidades garífunas de San Juan y Triunfo de la Cruz cuentan con antecedentes de litigios sobre derechos territoriales que han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El cumplimiento de esas sentencias exige atender los derechos colectivos reconocidos, así como resolver conforme a derecho las situaciones de terceros que puedan resultar afectados.

ADVIERTEN CONSECUENCIAS PARA EL TURISMO Y LA INVERSIÓN

El abogado señaló que la incertidumbre sobre la propiedad de los terrenos está provocando preocupación entre empresarios interesados en desarrollar proyectos turísticos y otras actividades económicas en Tela.

Según su denuncia, la continuidad de las ocupaciones dificulta la planificación de inversiones y genera dudas sobre la protección jurídica de las propiedades.

Sin embargo, Medina no proporcionó cifras sobre proyectos cancelados, inversiones suspendidas o pérdidas económicas relacionadas con estos hechos.

Por tanto, el impacto financiero señalado constituye una advertencia del profesional y no una pérdida cuantificada.

CUESTIONAN RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES

Medina también criticó la actuación de la Fiscalía, los juzgados y la Policía Nacional, al considerar que no han respondido de manera efectiva a las denuncias presentadas.

Aseguró que la falta de soluciones ha permitido que algunos grupos mantengan las ocupaciones y actúen con una percepción de impunidad.

Como ejemplo, mencionó el caso de un empresario de San Pedro Sula cuya propiedad, según su versión, habría sido ocupada sin autorización y utilizada como cementerio.

La denuncia requiere verificación documental y una respuesta de las autoridades competentes para determinar la situación jurídica del terreno y las circunstancias de su ocupación.

PIDEN UNA SOLUCIÓN QUE RESPETE LOS DERECHOS DE TODAS LAS PARTES

El abogado solicitó que las instituciones estatales intervengan para aclarar los límites territoriales, atender las denuncias y resolver las ocupaciones que, según afirma, se encuentran fuera de las áreas reconocidas en las sentencias.

La situación plantea un desafío para el Estado hondureño: cumplir las resoluciones internacionales sobre los derechos territoriales de las comunidades garífunas y, al mismo tiempo, garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica de terceros propietarios.

La delimitación de las tierras y la revisión individual de los conflictos serán fundamentales para establecer qué derechos corresponden a cada parte.

SENTENCIAS INTERNACIONALES

Los conflictos territoriales en San Juan y Triunfo de la Cruz tienen como antecedentes dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitidas el 29 de agosto de 2023 y el 8 de octubre de 2015, respectivamente.

Ambas resoluciones reconocen derechos territoriales de las comunidades garífunas y establecen obligaciones para el Estado hondureño relacionadas con la protección de la propiedad colectiva.

En el caso de San Juan, la Corte ordenó avanzar en la delimitación, demarcación y titulación de las tierras comunales, un proceso que también requiere atender conforme a derecho las situaciones de terceros propietarios.

ORGANIZACIÓN DE TELA ADVIERTE QUE LAS SENTENCIAS NO AUTORIZAN INVASIONES

En septiembre de 2026, la organización Defensores de la Paz en Tela (DEPAT) inició una campaña de orientación sobre el alcance de las sentencias internacionales.

La organización sostuvo que estas resoluciones no autorizan a particulares a ocupar propiedades, realizar desalojos o ejecutar despojos por cuenta propia.

DEPAT también denunció presuntas ocupaciones y movilizaciones de personas hacia sectores en disputa, por lo que pidió una intervención institucional para evitar nuevos conflictos.

SEGURIDAD JURÍDICA SIGUE SIENDO UN DESAFÍO

El cumplimiento de las sentencias internacionales plantea al Estado hondureño el desafío de garantizar los derechos colectivos de las comunidades garífunas y resolver las controversias con terceros que reclaman derechos sobre propiedades privadas.

La delimitación de los territorios, la revisión de los títulos y la intervención de las autoridades competentes serán fundamentales para reducir los conflictos y brindar certeza jurídica a todas las partes.