Una nueva controversia ha sacudido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, luego de que se revelara que la presidenta, Rebeca Raquel Obando, habría participado en un caso en el que su exyerno, Guillermo Noriega, está implicado en presunta corrupción.

La magistrada se autodesignó para formar parte de la corte de apelaciones que revisó el caso, lo que ha generado fuertes críticas por un claro conflicto de intereses.

Juristas y expertos, entre ellos el presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Solórzano, han calificado esta decisión como un abuso de poder.

Solórzano declaró que, aunque el vínculo familiar haya terminado, el conflicto de interés persiste y Obando debió excusarse.

Además, ha salido a la luz que el expediente de Noriega, acusado de lavado de activos, se extravió y está siendo reconstruido sin la intervención del Ministerio Público, lo que ha levantado aún más sospechas.

Desde la Corte Suprema han negado irregularidades y afirman que la designación de Obando se hizo conforme al orden de precedencia, asegurando que no tuvo acceso al expediente. Sin embargo, documentos de marzo de 2023 muestran que Obando formó parte del tribunal que revisó el caso.

La implicación de la presidenta en este asunto ha puesto en entredicho la transparencia del sistema judicial hondureño.