El Gobierno continúa reduciendo los compromisos financieros acumulados en administraciones pasadas. El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, informó que el Estado ya ha desembolsado más de 10 mil millones de lempiras para saldar parte de la deuda flotante con proveedores, una obligación que fue heredada del gobierno anterior.

Según explicó el funcionario, al inicio de la administración de la presidenta Xiomara Castro (2022-2026) se recibió una deuda flotante que rondaba los 24 mil 100 millones de lempiras, cifra que representó una fuerte presión para las finanzas públicas desde los primeros meses de gestión.

“De ese monto total que se encontró pendiente, ya se logró cancelar una porción importante, superior a los 10 mil millones de lempiras, beneficiando directamente a proveedores del Estado”, detalló Hércules.

El titular de Finanzas señaló que estos pagos se han enfocado principalmente en proveedores nacionales, con el objetivo de dinamizar la economía interna y permitir que las empresas que prestaron servicios o suministraron bienes al Estado continúen operando con normalidad.

Uno de los sectores más afectados por las obligaciones pendientes fue la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). De acuerdo con Hércules, esta institución acumulaba una deuda flotante que superaba los cinco mil millones de lempiras, relacionada principalmente con proyectos de obra pública y contratos de servicios.

El ministro también advirtió que el proceso de revisión continúa, ya que se han detectado registros financieros cargados en la actual gestión que corresponden a compromisos generados en el periodo anterior. En ese sentido, explicó que solo en enero de este año se identificaron F01 por alrededor de ocho mil millones de lempiras, los cuales deben ser evaluados minuciosamente.

“Estamos revisando uno por uno los documentos ingresados para asegurar transparencia y claridad sobre el origen real de estos compromisos”, afirmó.

Hércules subrayó que el objetivo del Gobierno es sanear las finanzas públicas, ordenar la deuda heredada y evitar que este tipo de obligaciones vuelvan a acumularse sin el debido respaldo presupuestario, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los pagos a quienes han trabajado con el Estado.