El Ministerio Público (MP) citó al director del Hospital General San Felipe, Edwin Cruz, para que comparezca como testigo en una investigación relacionada con presuntos delitos derivados de las asambleas informativas que mantienen los médicos en los hospitales públicos de Honduras.

La comparecencia está programada para el lunes 26 de octubre, a las 8:30 de la mañana, en las oficinas de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.

Según la citación, la asistencia del funcionario es obligatoria y su incumplimiento podría generar consecuencias legales.

¿QUÉ INVESTIGA EL MINISTERIO PÚBLICO?

Las diligencias están relacionadas con presuntos delitos de abuso de autoridad, violación y omisión de prestación de asistencia sanitaria.

En el expediente figura como perjudicado el ciudadano Santos Augusto Funes, mientras que la Fiscalía fundamenta sus actuaciones en las facultades establecidas en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La convocatoria de Cruz se realiza en calidad de testigo, por lo que no implica que el director del hospital haya sido acusado de cometer alguno de los delitos investigados.

PRESIDENTE DEL COLEGIO MÉDICO YA COMPARECIÓ

La citación ocurre después de que el presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, acudiera al Ministerio Público el jueves 22 de octubre para brindar declaraciones relacionadas con el mismo caso.

Santos defendió la legalidad de las asambleas informativas y sostuvo que forman parte del derecho de organización de los profesionales de la medicina.

“Todos podemos acusar. El problema es demostrar en el estamento jurídico nacional que en realidad existe la comisión de un delito”, expresó el dirigente.

ASAMBLEAS CONTINÚAN AFECTANDO LA ATENCIÓN

La investigación se desarrolla mientras las asambleas médicas cumplen 47 días, en medio de dificultades para la prestación de servicios en diferentes hospitales públicos.

Entre los establecimientos señalados por afectaciones se encuentran el Hospital General San Felipe y el Hospital Escuela, ambos en Tegucigalpa.

Las diligencias buscan esclarecer las circunstancias de las interrupciones en la atención y determinar si existen responsabilidades penales.