Tegucigalpa, Honduras-Como consecuencia al pedido de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por parte de Estados Unidos,  el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales, manifestó que Juan Orlando y Antonio Hernández, mejor conocido como “Tony” serán inhabilitados como abogados.

“Hay que aclarar que este es un proceso que lo lleva el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras y lo que procede es una inhabilitación; pero esta inhabilitación va a proceder hasta que una vez a él se le compruebe su culpabilidad, posteriormente esto será sometido a la asamblea para su inhabilitación”, declaro.

Añadió que: “No creo que quepa lo de expulsión porque con la inhabilitación quiere decir que ya no va a tener ejercicio profesional”.

“En esta asamblea se va a someter el caso de su hermano, el abogado ´Tony Hernández´, que en este caso es de la inhabilitación permanente. Pero se da por un hecho, porque él ya se encuentra juzgado y con una pena que ya no podrá ejercer el derecho ni aquí ni en ningún lado”, Agregó.

Prosiguió diciendo: “Yo creo que el proceso de Tony quedará finiquitado este próximo 30 de abril, que es la asamblea del Colegio de Abogados de Honduras y el del expresidente, pues yo creo iniciara este proceso en esta asamblea, pero creo que se culminará en la próxima asamblea del 30 de abril del 2023”.

Por lo anterior, automáticamente hay una suspensión de la práctica de la profesión, ya que desde el hecho que fue capturado él ya se encuentra en una interdicción civil en la cual ya no tiene posibilidades de ejercer su calidad de profesional del derecho, sobre todo ejercer como ministro de fe (él es notario), delegado por el Estado de Honduras.

Además, apuntó que: “Esto es un mensaje y una reflexión de que debemos empezar a reconstruir la credibilidad, principalmente sobre el sector justicia, que es la desconfianza popular y el clamor popular de que no confían en las instituciones”.

Finalizó afirmando que este es un buen inicio, pero que se estamos lejos de llegar a la lucha frontal contra la impunidad, que considera que se debe de ir trabajando en conjunto y en beneficio de la ciudadanía, no sobre sectores políticos y menos sobre sectores económico.