Un juez especializado en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción programó para el 28 de mayo de 2025, a las 9:00 a.m., la resolución de la audiencia inicial del expresidente del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), David Chávez Madison.

Este proceso, que ha captado la atención política y judicial en Honduras, busca determinar si Chávez enfrentará cargos formales por fraude y violación de los deberes de los funcionarios públicos.

La audiencia inicial, concluida este martes, presentó evidencias que acusan a Chávez de irregularidades en la gestión pública, específicamente en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

Según el Ministerio Público, Chávez y otros imputados habrían defraudado al Estado por casi 51 millones de lempiras mediante la manipulación de licitaciones y la compra de suministros sobrevalorados e inservibles.

Los acusados adquirieron suministros por 920 mil euros, revendidos a Infop por 75 millones 837 mil 529 lempiras.

El fallo del 28 de mayo será clave para definir si el caso avanza a un proceso penal formal. Este caso destaca las preocupaciones sobre corrupción y mal uso de recursos públicos en Honduras, manteniendo la atención de la sociedad.

Contexto sobre las acusaciones contra David Chávez:

David Chávez Madison, presidente del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), es una figura política prominente en Honduras, asociada al Partido Nacional, que gobernó el país durante varios períodos hasta 2022.

Las acusaciones en su contra se enmarcan en un contexto más amplio de investigaciones sobre corrupción.

Los cargos contra Chávez se centran en presuntas irregularidades durante su gestión vinculada al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), una entidad estatal encargada de la capacitación técnica y profesional.

Según la fiscalía, Chávez y otros involucrados habrían participado en un esquema de corrupción que involucró la manipulación de procesos de licitación para adquirir suministros sobrevalorados y sin utilidad práctica, generando un perjuicio económico significativo al Estado.

Este tipo de acusaciones refleja un patrón recurrente en casos de corrupción en Honduras, donde funcionarios públicos son señalados por desviar fondos mediante contratos fraudulentos.