La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) expresó este jueves su preocupación por la renovación constante del estado de excepción en Honduras, vigente desde diciembre de 2022, y urgió al gobierno a ponerle fin debido a las «graves violaciones de derechos humanos» derivadas de esta medida.

En un comunicado, la Oacnudh señaló que el estado de excepción, implementado como respuesta a la inseguridad, ha suspendido seis garantías constitucionales durante casi 900 días, desvirtuando su carácter temporal. La Oficina destacó que, aunque Honduras enfrenta una grave situación de violencia por extorsión y delitos de organizaciones criminales, las medidas excepcionales deben ser temporales, proporcionales, no discriminatorias y estar sujetas a control judicial y legislativo, según el derecho internacional.

La Oacnudh denunció que solo 5 de los 17 decretos que prorrogan la medida han sido ratificados por el Parlamento hondureño, y que el gobierno no ha notificado al Secretario General de la ONU, incumpliendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, junto al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), documentó violaciones como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y allanamientos sin control judicial, atribuidas a cuerpos de seguridad.

Con las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre, la Oacnudh subrayó la necesidad de garantizar un entorno que permita el ejercicio pleno de libertades de expresión, asociación, reunión pacífica y circulación, actualmente restringidas. Por ello, instó a Honduras a revisar su estrategia de seguridad pública, abstenerse de prorrogar el estado de excepción y ofreció asistencia técnica para fortalecer políticas de seguridad respetuosas con los derechos humanos y el proceso electoral.