El Congreso Nacional buscará aumentar los recursos disponibles para el Ministerio Público (MP) y facilitar la contratación de nuevos fiscales, después de que la Fiscalía expusiera la necesidad de fortalecer su capacidad para investigar estructuras criminales.

El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, afirmó que la respuesta no puede concentrarse únicamente en la Policía y las Fuerzas Armadas, porque las capturas necesitan posteriormente investigaciones, acusaciones fiscales y procesos judiciales.

El planteamiento aparece mientras el proyecto de Presupuesto General de la República para 2027 ya se encuentra en la Comisión de Presupuesto del Congreso, después de haber sido remitido por el Ejecutivo. Congreso Nacional

¿POR QUÉ EL MP ESTÁ PIDIENDO MÁS RECURSOS?

El fiscal general, Pablo Theodore, ha planteado la necesidad de aumentar el número de fiscales y disponer de mayores recursos frente a las nuevas investigaciones que deberá asumir el Ministerio Público.

La presión sobre la Fiscalía podría incrementarse con las recientes medidas adoptadas contra estructuras criminales.

El Congreso aprobó esta semana reformas relacionadas con el régimen penitenciario aplicable a integrantes de grupos declarados terroristas y ha planteado la creación de instancias especializadas para estos casos. Congreso Nacional

“Esto va en cadena: Policía, Fuerzas Armadas, Corte Suprema, Ministerio Público e inteligencia”, expresó Zambrano al explicar que el fortalecimiento deberá abarcar todo el sistema.

MÁS DINERO, PERO TAMBIÉN MÁS FISCALES

El presidente del Congreso aseguró que buscarán recursos para que el MP pueda incorporar personal.

La legislación del Ministerio Público establece que corresponde al fiscal general preparar el proyecto de presupuesto de la institución para su incorporación al Presupuesto General.

Por ahora, el anuncio de Zambrano representa un compromiso de buscar los recursos, pero todavía deberá definirse cuánto dinero adicional recibirá el MP y cuántas nuevas plazas de fiscales podrían financiarse.

Ese será uno de los puntos que deberá observarse durante la discusión del presupuesto de 2027.

El planteamiento de Zambrano incorpora otro componente: revisar la actuación de los propios operadores de justicia.

Según el titular del Congreso, cuando se habla de depuración no debe pensarse únicamente en la Policía Nacional.
“Estamos hablando de fiscales, de jueces, de elementos de otros cuerpos de seguridad”, manifestó.

Zambrano sostuvo que el incremento de recursos deberá estar acompañado por resultados y afirmó que no debe permitirse que funcionarios de instituciones responsables de combatir el delito estén vinculados con estructuras criminales.

El funcionario no detalló, en las declaraciones proporcionadas, qué mecanismo jurídico o institucional se utilizaría para esa depuración, quién la ejecutaría ni cuáles serían los criterios para determinar responsabilidades.

El fortalecimiento del Ministerio Público resulta relevante porque los operativos policiales constituyen solamente una parte del proceso.

Después de una captura corresponde reunir pruebas, desarrollar la investigación, presentar requerimientos fiscales y sostener las acusaciones ante los tribunales.

El propio Congreso ha señalado que la nueva estrategia contempla coordinación entre Policía, Fuerzas Armadas, inteligencia, Corte Suprema y Ministerio Público, además de circuitos especializados para determinados casos. Congreso Nacional

Por eso, aumentar las operaciones de seguridad sin ampliar paralelamente la capacidad investigativa y judicial podría generar presión sobre fiscales y tribunales.

La discusión del Presupuesto General de 2027 permitirá conocer si el compromiso político se traduce finalmente en una asignación concreta para el Ministerio Público.

El proyecto presupuestario presentado por el Ejecutivo asciende a L455,374.7 millones, un incremento global de L11,039 millones frente al presupuesto vigente, y actualmente se encuentra bajo análisis legislativo. Congreso Nacional

Para el MP quedarán tres aspectos por definir: cuánto aumentará efectivamente su presupuesto, cuántos fiscales adicionales podrá contratar y cómo se implementará la anunciada depuración de operadores de justicia.

Esos elementos permitirán medir si las nuevas medidas de seguridad vienen acompañadas de suficiente capacidad institucional para investigar y llevar los casos ante los tribunales.