El Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realizar diligencias prejudiciales para verificar si obras sociales financiadas con recursos vinculados a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) fueron realmente ejecutadas en el departamento de Santa Bárbara.

La investigación alcanza a cinco diputados y dos exfuncionarios de Sedesol, mientras la Fiscalía busca obtener elementos técnicos que permitan determinar si las inconsistencias detectadas en documentación, entrega de ayudas, emisión de cheques y liquidación de recursos podrían constituir delitos.

Las diligencias forman parte de una etapa investigativa y no representan una declaración de culpabilidad contra las personas mencionadas.

En la investigación aparecen los diputados Luz Angélica Smith, Edgardo Casaña, Betty Elizabeth Rivera Ramírez, Samuel Duarte Alvarado e Ivin Yaneth Fonseca Trejo.

También son investigados el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona Erazo, y la exfuncionaria Rosy Yanira Martínez González.

Las diligencias están relacionadas con posibles delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.

Hasta esta etapa, el Ministerio Público se encuentra recopilando y verificando elementos. La solicitud de diligencias prejudiciales no determina que las personas investigadas hayan cometido los delitos señalados.

PISOS, TECHOS Y LETRINAS BAJO VERIFICACIÓN

Uno de los puntos centrales de la nueva diligencia será comprobar físicamente qué ocurrió con las obras y ayudas sociales reportadas.

El Ministerio Público solicitó la juramentación de un perito que deberá efectuar inspecciones de campo y contrastar lo encontrado con la documentación utilizada para respaldar la ejecución de los recursos.

Entre las obras que deberán verificarse aparecen pisos, techos y construcción de letrinas que supuestamente fueron ejecutadas para beneficiar a población vulnerable de Santa Bárbara.

La investigación deberá determinar si las obras que aparecen respaldadas documentalmente fueron realmente ejecutadas.

LAS INCONSISTENCIAS QUE INVESTIGA EL MP

Según la petición presentada ante la CSJ, las investigaciones han detectado múltiples inconsistencias desde la gestión de los fondos a través del Congreso Nacional hasta la documentación utilizada para respaldar las ayudas.

La Fiscalía analiza solicitudes atribuidas a supuestos beneficiarios, emisión de cheques y facturas utilizadas para justificar las ayudas sociales.

Otro elemento bajo investigación es la falta de las liquidaciones correspondientes que debían servir como justificación para culminar el proceso de utilización de los recursos.

Precisamente por esas inconsistencias, el Ministerio Público considera necesario trasladar parte de la investigación de los documentos al terreno y comprobar físicamente la existencia de las obras.

¿QUÉ BUSCA DETERMINAR EL PERITAJE?

El objetivo será contrastar la documentación disponible con la realidad encontrada en las comunidades de Santa Bárbara.

El perito deberá inspeccionar las supuestas obras sociales y analizar la documentación de respaldo para determinar si fueron realizadas en las condiciones reportadas.

Con esos resultados, el Ministerio Público busca establecer si existen elementos relacionados con la posible comisión de algún ilícito penal.

MP PIDE MANTENER LAS DILIGENCIAS BAJO SECRETIVIDAD

El Ministerio Público también solicitó a la Corte Suprema de Justicia decretar la secretividad de las diligencias prejudiciales.

La investigación entra así en una fase destinada a contrastar dos elementos: lo que indican los documentos sobre el destino de los recursos y lo que realmente existe en las comunidades donde supuestamente fueron ejecutadas las ayudas.

El resultado de las inspecciones permitirá al Ministerio Público determinar los siguientes pasos dentro de la investigación y establecer si existen elementos suficientes para avanzar hacia eventuales acciones penales.