Las organizaciones de derechos humanos Asopodehu y Joprodeh denunciaron de forma pública la existencia de supuestas amenazas e injerencias políticas en el proceso legal que se le sigue al exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general retirado Roosevelt Hernández.

Por medio de una declaración conjunta, los organismos alertaron a la opinión pública nacional e internacional sobre acciones que vulneran la administración de justicia, manifestadas tras el aplazamiento de la audiencia de declaración de imputado.

Audiencia reprogramada

El comunicado señala que la suspensión de la audiencia, la cual quedó sin una fecha fija de ejecución, responde de forma directa a coacciones originadas desde la cúpula del Poder Judicial.

Las entidades defensoras apuntaron a magistrados de la Corte Suprema de Justicia por haber intervenido presuntamente para forzar esta modificación en el cronograma procesal.

A esta denuncia se suman reportes confidenciales que advierten que el juez a cargo del expediente recibió amenazas de muerte y advertencias de destitución inmediata si no modificaba el rumbo del litigio.

Asimismo, los testimonios recabados acusan presiones paralelas para adelantar con urgencia otra diligencia ligada a la Comisión Permanente del Congreso Nacional, en la cual participa un abogado defensor del exjefe militar.

Respetar independencia

Las agrupaciones civiles advirtieron que tolerar estos actos representa un atentado directo contra la autonomía de los magistrados y fomenta el uso de la institucionalidad pública para garantizar la impunidad.

Ante este escenario violatorio del Estado de derecho, exigieron al Ministerio Público emprender una investigación penal inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el origen de las amenazas denunciadas.