Próspera juramenta a fiscal civil, Alberto Hernández


Tegucigalpa, Honduras.— Próspera anunció la juramentación del abogado hondureño Alberto A. Hernández Franks como fiscal civil de esa jurisdicción, una designación con la que la organización continúa conformando su estructura institucional.

Hernández Franks asumirá funciones vinculadas con la aplicación de sus normas, estatutos y regulaciones en materias civiles y administrativas.

Entre sus atribuciones, estarán la presentación de acciones de cumplimiento ante el proveedor de servicios de arbitraje por defecto, procedimientos para el cobro forzoso de tributos y la supervisión del cumplimiento de reglas relacionadas con la vida, la propiedad y el orden público dentro del ámbito que Próspera considera bajo su jurisdicción.

Un abogado con experiencia en arbitraje

El abogado Alberto A. Hernández Franks fue juramentado en el cargo de Fiscal Civil de Próspera ZEDE, asumiendo la responsabilidad de hacer cumplir la ley en materia civil y administrativa dentro de esta jurisdicción especial de la República de Honduras.

Abogado hondureño egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con Maestría en Derecho (LLM) de Penn State University y admitido a la Barra de Abogados del Estado de Nueva York.

El Fiscal Civil lidera la aplicación de las Normas, Estatutos y Regulaciones de Próspera ZEDE: interpone acciones de cumplimiento (injunctions) ante el Proveedor de Servicios de Arbitraje por defecto, impulsa procedimientos de cobro forzoso de tributos, y vela por el respeto a las reglas que protegen la vida, la propiedad y el orden público dentro de la jurisdicción.

Próspera ZEDE reafirma su compromiso con una institucionalidad sólida, el Estado de Derecho y una gobernanza de excelencia al servicio del desarrollo económico de Honduras.

La designación ocurre bajo un escenario jurídico particular. El 20 de septiembre de 2024, el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró por mayoría de votos la inconstitucionalidad del Decreto 236-2012, que reformó los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, y del Decreto 120-2013, que contenía la Ley Orgánica de las ZEDE.

La resolución estableció efectos anulatorios desde el origen —ex tunc— por considerar que las disposiciones vulneraban artículos pétreos relacionados con el territorio nacional, el sistema de impartición de justicia y la planificación económica. La sentencia posteriormente publicada también extendió la inconstitucionalidad a otras normas vinculadas con el régimen ZEDE.

Ese fallo constituye uno de los principales elementos de la disputa sobre la continuidad de estos proyectos. Próspera, por su parte, ha mantenido posiciones propias sobre sus derechos y el alcance de las decisiones adoptadas por el Estado hondureño.

La juramentación de Hernández Franks muestra que, mientras continúa esa controversia, Próspera sigue organizando y nombrando autoridades dentro de la estructura institucional que sostiene para su proyecto en Roatán.


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